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    Gobierno argentino presenta a tres provincias su plan de derechos humanos

    © AFP 2018 / Daniel Garcia
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    BUENOS AIRES (Sputnik) — El Gobierno argentino esbozó ante los representantes de tres provincias de la Patagonia (sur) los objetivos de la nueva Política Nacional de Pueblos Originarios anunciada por el presidente Mauricio Macri el mes pasado.

    "Este es un acuerdo consensuado con los gobernadores de las provincias para trabajar las temáticas referidas a la agenda de los pueblos originarios" sostuvo el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, durante la presentación de la iniciativa.

    El proyecto, incluido en el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos 2017-2020 (PNADH), fue presentado a las gobernaciones de Chubut, Río Negro y Neuquén.

    El ministro de Justicia, Germán Garavano, reconoció que el desafío actual es "hacer esos derechos (indígenas) realidad" cuando "durante muchos años se avanzó muy poco".

    La directora del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Jimena Psathakis, confirmó que la prioridad de la nueva política del Gobierno es cumplir con el relevamiento territorial de los pueblos originarios en todo el país, lo que es "una gran deuda pendiente del Estado".

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    Los funcionarios nacionales y provinciales se comprometieron por escrito a impulsar esta demanda a través de un trabajo federal coordinado.

    En la reunión también estuvo presente el Consejo Consultivo y Participativo de Pueblos Indígenas, integrado por referentes de las diversas poblaciones indígenas que habitan en el país.

    El derecho a la tierra de las comunidades indígenas está reconocido en el artículo 75 de la Constitución Nacional y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

    El INAI, responsable de las políticas del Estado relativas a los pueblos originarios, es el encargado de realizar el relevamiento de las comunidades.

    A once años de la promulgación de la ley 26.160, que impide los desalojos de las tierras ancestrales ocupadas por indígenas, al menos el 70% de las comunidades registradas ante el Estado no han sido relevadas, según Amnistía Internacional, así que quedan marginadas de los derechos reconocidos por la legislación. 

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