"Vamos a hablar de nuestro acto, no vamos a tratar del proceso [judicial], no es cosa nuestra, ni suya tampoco", dijo el diputado del PT, Paulo Pimenta, en declaraciones recogidas por el diario Folha de S. Paulo.
Si el líder del PT es condenado en segunda instancia podría marchar preso y verse impedido de participar en las elecciones de octubre, aunque su entorno confía en que los recursos ante instancias superiores y sus plazos prolongados den margen para que Lula pueda postularse.
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La sentencia de Moro asegura que Lula cometió un delito de corrupción pasiva y blanqueo de dinero al aceptar de manos de la constructora OAS un apartamento de lujo, que según el juez sería una especie de soborno por los favores prestados dentro de la trama corrupta de Petrobras.
El PT y movimientos afines, como la Central Única de Trabajadores (CUT) y el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) preparan movilizaciones previas en todo el país y en Porto Alegre el día del juicio.
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El alcalde esa ciudad, Nelson Marchezan Junior (del conservador Partido de la Social Democracia Brasileña) sembró la polémica al pedir al Gobierno ayuda del ejército para garantizar la seguridad en las calles ante las movilizaciones previstas.
En mayo de 2017, cuando Lula fue interrogado por el juez Moro, la ciudad de Curitiba (sur) desplegó un intenso dispositivo de seguridad con cientos de policías militares, aunque no se recurrió al ejército.
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A pesar de las manifestaciones a favor y en contra del expresidente no se registraron incidentes debido a que los manifestantes se ubicaron en puntos distantes de la ciudad.
