"Que lo sepa el mundo entero y muy especialmente el imperio norteamericano, con sus aliados internos y externos, no nos intimidarán con sanciones de ninguna naturaleza", acotó, en un comunicado leído a la prensa desde el ministerio de Defensa, en compañía del alto mando militar venezolano.
Padrino López calificó de "ligeros y aberrantes" los comentarios de la portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Heather Nauert, en los que indicó que los funcionarios venezolanos pueden evitar sanciones cumpliendo el estado de derecho.
Nauert destacó esto, luego que el Departamento del Tesoro sancionara a cuatro militares venezolanos por presuntos hechos de corrupción y represión.
Previo a la lectura del comunicado, el ministro de Defensa reprochó que estas sanciones carezcan de una base legal.
"No sé qué institución nacional o internacional hizo una investigación que arrojara la aplicación de una sanción ridícula, estúpida por parte del Gobierno de EEUU contra compañeros de la fuerza armada", expuso el general venezolano.
En tal sentido, destacó que la fuerza armada de su país sigue de pie para defender su honor.
"Vamos a defender con nuestra razón, con nuestro corazón y también si es necesario con nuestras armas nuestro honor, la dignidad nacional", expresó.
El ministro venezolano consideró que detrás de estas sanciones, acompañadas de las declaraciones de la portavoz, Heather Nauert, "subyace la intimidación, la amenaza y el chantaje".
En la lista fueron incluidos el gobernador del estado Aragua (norte), Rodolfo Marco Torres, el ministro de Nueva Frontera de Paz, Gerardo Izquierdo Torres y el General de División retirado Francisco Rangel Gómez, exgobernador del estado Bolívar (sur).
También aparece entre los sancionados el general de la Guardia Nacional Bolivariana Fabio Zavarse Pabón.
El propio Maduro y su vicepresidente, Tarek El Aissami, ya figuraban en la lista de sanciones de EEUU, desde 2017.
El pasado 25 de agosto la Casa Blanca aprobó un paquete de sanciones que impiden, entre otras cosas, al Gobierno venezolano y a su principal industria, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), transar con los bonos de su deuda.
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Esa decisión del Gobierno de EEUU se tomó tras la instalación de la Asamblea Constituyente, creada en el mes de agosto para redactar una nueva Constitución y poner fin a las protestas contra el Gobierno que se registraron entre abril y julio de 2017, las cuales dejaron 124 muertos.