"Antes del 15 de enero voy a posesionar a los magistrados de la JEP para que puedan iniciar su labor lo más pronto posible", dijo Santos en una declaración leída al término de una reunión celebrada en la ciudad de Cartagena (norte), para evaluar la implementación de los acuerdos de paz con la extinta guerrilla FARC.
En el encuentro participaron los principales líderes del recién creado partido político FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), del Gobierno, de las Naciones Unidas, de los países garantes, Cuba y Noruega, y los expresidentes José Mujica, de Uruguay, y Felipe González, de España.
Los cambios más urticantes son que ningún jurista defensor de derechos humanos que haya abierto causas contra el Estado en los últimos cinco años puede ser magistrado de la JEP, que los exguerrilleros puedan ser juzgados por la justicia ordinaria y extraditados y que se excluya de la jurisdicción de este tribunal a "los terceros civiles y a agentes del Estado no combatientes" sobre quienes pesan responsabilidades por graves crímenes.
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La FARC ve que esas modificaciones constituyen "el comienzo del fin" para la paz en Colombia.
