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Exparamilitares de Colombia podrán acogerse a sistema de reintegración diseñado para FARC

© REUTERS / Henry RomeroPartidarios de las FARC
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BOGOTÁ (Sputnik) — Los paramilitares colombianos de extrema derecha que se desmovilizaron en 2005 y fueron juzgados en un marco de beneficios penales podrán acceder al proceso de reintegración social previsto para los excombatientes de la extinta guerrilla izquierdista FARC, dispuso el Gobierno.

"Los desmovilizados postulados a la Ley de Justicia y Paz (adoptada en 2005 para juzgar a los paramilitares) que recobren su libertad (…) podrán entrar al proceso de reintegración que desarrolla la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN)", indica el decreto expedido por la Presidencia.

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Ese beneficio se aplicará a los exparamilitares que estén próximos a recuperar la libertad, "siempre y cuando hayan suscrito el Acta Formal de Compromiso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)", creada en el acuerdo de paz con las FARC para juzgar a todos los actores armados del conflicto que hubieran incurrido en crímenes no asociados a delitos políticos.

Aunque el decreto permite que los exparamilitares se beneficien de los planes estatales de reincorporación a la vida civil una vez salgan de la cárcel, "seguirán su trámite judicial" por la vía de la Ley de Justicia y Paz, no por la JEP, precisó el Gobierno.

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Del mismo modo, solo los exparamilitares que pagaron penas de cárcel para garantizar su reinserción social podrán obtener dicho beneficio.

El Gobierno argumentó que "otorgar a los excombatientes las herramientas suficientes para integrarse a la vida económica y social constituye una garantía de no repetición".

En 2006 y tras un proceso de negociación con el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010), más de 30.000 personas vinculadas a las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se sumaron a los procesos de desmovilización, desarme y reintegración.

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Como parte del acuerdo, los paramilitares se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, que contempla penas máximas de ocho años de cárcel a cambio de colaboración para esclarecer los graves crímenes que cometieron.

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