José N. "era el principal sospechoso y obvio que debemos mantener el estado de sospechoso porque ese era su estado procesal", señaló Alvarado en una rueda de prensa en la que señaló además que el detenido "usó una de sus propias prendas de vestir (camiseta), después de llamar a su madre desde la cárcel".
"Estos son cosas que suceden, no solo en el Ecuador sino en todo el mundo; hay un estudio que refiere que en las primeras 72 horas de detención se producen los suicidios, suponemos que el arrepentimiento por el tipo de crímenes les lleva a estas que son situaciones desesperadas y angustiadas", aclaró.
Asimismo, indicó que el centro de detención Turi es uno de los que cuenta con mayores medidas de seguridad en el país y que los sospechosos fueron trasladados hasta allí debido a que la cárcel de Loja (sur), donde ocurrió el delito, no ofrecía estas condiciones.
Le puede interesar: Organizaciones ecuatorianas piden que ley contra violencia de género incluya a las niñas
La tarde de 20 de diciembre se difundió un video en redes sociales en el que se constataba en el agresivo ambiente de la prisión lojana, donde los reclusos se alistaban para recibir con violencia a los detenidos por el homicidio de la niña.
El 20 de diciembre, el fiscal de la nación, Carlos Baca, anunció que los detenidos sería investigados por tres tipos de delitos: violación, trata y asesinato.
La entidad indicó que los sospechosos respondían a los nombres de José N., Manuel A., y Tania Y., y que aún se desconocía el grado de participación de cada uno, aunque el primero habría sido el autor material del homicidio y descuartizamiento.
Lea también: Naciones Unidas lucha contra la violencia hacia las mujeres y niñas
La última vez que la infante fue vista fue el 15 de diciembre a la salida de su escuela, cuando se alistaba a tomar el autobús que habitualmente la llevaba de vuelta hasta su hogar.
Sus restos fueron hallados incinerados en una quebrada cercana a la ciudad de Loja.
Aún no se establece si el delito tiene características de feminicidio, que en el país está penado con una condena de hasta 26 años de prisión, aunque si se integran todos los delitos la pena podría ascender a 40 años.
