"Expertos y expertas de la ONU han llamado al Estado mexicano a rechazar el proyecto de ley de Seguridad Interior que se someterá hoy [el 14 de diciembre] al pleno del Senado, advirtiendo que dar a las Fuerzas Armadas un papel de liderazgo en materia de seguridad podría debilitar la protección de los derechos humanos", indica un comunicado conjunto.
El proyecto legislativo, adversado fuertemente por toda la oposición y redes de organizaciones de la sociedad civil, es una iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto que ya recibió media sanción en la Cámara de Diputados y un dictamen aprobado en comisiones se someterá al pleno senatorial.
La oficina de la ONU en Ginebra destacó que es "un hecho sin precedentes" el pronunciamiento conjunto de siete procedimientos especiales, que incluye a dos grupos de trabajo —sobre Desapariciones Forzadas y sobre Detención Arbitraria— y cinco relatores especiales.
Los cinco relatores especiales firmantes son encargados de vigilar en los Estados miembros el derecho a la privacidad, Joe Cannataci; la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst; las ejecuciones extrajudiciales, Agnès Callamard; la promoción de la verdad y la justicia, Pablo de Greiff; y el derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye.
Objeciones a las Fuerzas Armadas
En efecto, los mecanismos de las Naciones Unidas vienen recomendando durante años "que se restrinjan las funciones de las Fuerzas Armadas a las propias de su misión", y sean sancionados los militares que hayan cometido violaciones de derechos humanos.
Los casos documentados incluyen "ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, incluyendo la violencia sexual, y otras formas de malos tratos", reseña el documento.
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Los grupos de trabajo especializados de la ONU, estiman también que el proyecto "no prevé que las actividades de inteligencia se realicen con la debida supervisión civil y judicial (…) apartándola del escrutinio público".
Varios expertos nacionales también están preocupados por el posible uso excesivo de la fuerza contra las protestas que se podrían desatar en el marco del año electoral 2018.
El Gobierno federal y el oficialismo esgrimen la falta de capacidad de la policía para enfrentar el poder del crimen organizado.
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La posición de los expertos de la ONU es que la estrategia debería implementar "la capacitación y el fortalecimiento adecuados de las fuerzas policiales", y la investigación de todas las denuncias de violaciones de derechos humanos.
Desde 2011, el grupo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas solicitó que las fuerzas armadas se retiraran de las operaciones de seguridad pública.
En la región, el papel de las fuerzas armadas en la seguridad interior "ha estado asociada a la práctica sistemática y generalizada de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, la mayoría de las cuales se han mantenido en la impunidad", puntualizó la ONU.
La guerra frontal contra el crimen organizado ha dejado "un saldo de 213.000 homicidios dolosos y más de 30.942 personas desaparecidas", según un nuevo balance de la red mexicana "Seguridad sin guerra", que integran casi 300 organizaciones civiles y especialistas.
