La Cancillería ecuatoriana explicó en un comunicado que la justicia nacional "ha instaurado formalmente contra ambos un proceso penal por lavados de activos y, por lo tanto, el refugio concedido no cabe", pues además "contradice las convenciones internacionales sobre refugiados y contra la corrupción".
La misiva continúa señalando que Ecuador confía en una respuesta peruana "a la altura de los ideales que inspiran lo lazos de amistad y cooperación que históricamente" han unido a las dos naciones.
Contra ellos existe además un auto de llamamiento a juicio, con orden de prisión preventiva, por parte de la Unidad Judicial Multicompetente Penal Samborondón (oeste del país).
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Asimismo, en la comunicación Ecuador le recordó a Perú que entre los dos países existe desde el 4 abril de 2001 un tratado de extradición que establece, entre otros aspectos, que se procederá con la entrega de personas reclamadas cuando se trate de delitos de corrupción referidos en la convención de las Naciones Unidas.
