"Los proyectos de este tipo deben ser aprobados por la mayoría absoluta y para este caso el cuórum es de 102 senadores", dijo Cepeda en una declaración a los medios transmitida por redes sociales.
Cepeda agregó que su obligación es "ser garante de las decisiones de la plenaria", por lo cual "resulta improcedente que se emita un pronunciamiento por fuera del contexto", y convocó al Congreso y al Gobierno central "a buscar una fórmula jurídica y concertada para que las víctimas de todo el conflicto armado tengan una justa representación en el Senado".
Sin embargo, poco después de la votación, voceros del Gobierno —incluso el propio Santos— señalaron que sí se habían aprobado los 16 escaños para las víctimas, ya que en la plenaria sólo estaban 99 senadores, lo que abrió el margen de duda y llevó a Cepeda a tomar unos días para evaluar la situación.
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Finalmente, y tras la confirmación el 6 de diciembre de que los escaños para las víctimas no fueron aprobadas, Santos señaló en una alocución transmitida en directo que continuará "peleando porque ese proyecto de acto legislativo sea aprobado por las víctimas" y porque fue uno de los compromisos que se asumió en la mesa de negociaciones con la entonces guerrilla de las FARC (hoy convertida en partido político de izquierda).
Aunque la iniciativa plantea que los escaños serían ocupados por representantes de los territorios más afectados por el conflicto armado y que ningún partido político (incluido el de FARC) podrían disputarlas, los senadores opuestos a la iniciativa votaron en contra tras señalar que dichos escaños corrían el riesgo de ser ocupados por delincuentes que habitan las regiones más vulnerables.
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Los escaños para las víctimas son una parte fundamental del Acuerdo de Paz junto con la Jurisdicción Especial de Paz (JEP, por medio de la cual se juzgará a exguerrilleros, militares y terceros que hacen parte del conflicto), la cual sí fue aprobada por el Congreso, aunque con modificaciones sobre lo pactado en La Habana.
