"Estoy presentándome como parte querellante en la investigación junto a otras siete familias", anunció por teléfono a esta agencia el abogado Luis Tagliapietra, a la sazón padre del submarinista Alejandro Tagliapietra, uno de los tripulantes del buque perdido hace 14 días en el Atlántico Sur.
Al momento de la comunicación, el abogado estaba por llegar a la localidad santacruceña de Caleta Olivia (sur), donde la jueza Yáñez investiga los hechos.
"Encontramos muy buena predisposición, (la jueza) me está esperando fuera del horario habitual", comentó Tagliapietra.
El abogado Tagliapietra adelantó que en los próximos días más familias se sumarán como litigantes a la causa, principalmente porque ha surgido el "temor de represalias por parte de la Armada".
Ese miedo proviene "particularmente por las familias que dependen de los sueldos o pensiones" de los marinos, informó el abogado.
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Los familiares de los tripulantes que se suman a la querella también intentarán preservar toda la documentación relativa al sumario, un día después de que la magistrada Yáñez solicitara al presidente Mauricio Macri que levantara el secreto militar impuesto sobre el caso.
La última comunicación del submarino se produjo precisamente el 15 de noviembre, tres horas antes de que se registrara una explosión a 30 millas de donde el buque había señalado su última posición.
Con la colaboración de 18 países, ocho buques se encuentran barriendo un área de 40 kilómetros de radio para dar con el paradero del submarino, que navegaba desde la ciudad de Ushuaia, en el extremo austral de Argentina, hasta Mar del Plata (este), donde los familiares todavía lo aguardan.
