Organismos de DDHH de México rechazan legalizar rol de militares en seguridad pública

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La expedición de una ley o reforma, que se discute en el Senado de México, para permitir a los militares reemplazar a las autoridades mexicanas en seguridad pública, fue rechazada por cientos de organizaciones de derechos humanos del foro "Seguridad sin guerra".

Diversos grupos parlamentarios han presentado iniciativas de ley, denominadas de "seguridad interior" o "seguridad nacional", que persiguen el objetivo de "legalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública", denunció la red de las principales ONG en la materia, en un posicionamiento enviado al Congreso.

Una nueva ley o una reforma constitucional impediría emprender "la inaplazable construcción de instituciones y capacidades civiles para afrontar la crisis de inseguridad y violencia por la que atraviesa el país", en el marco de una guerra contra el crimen organizado, que en una década ha sido saldada con más de 100.000 personas muertas y más de 32.000 desaparecidas.

Además, esa acción provisoria de las Fuerzas Armadas permite a las autoridades civiles, a todo nivel, "continuar evadiendo sus responsabilidades constitucionales en materia de seguridad pública".

Dichas iniciativas parten del hecho de que "actualmente no existen las capacidades policiales para hacer frente a la grave situación de inseguridad por la que atraviesa el país".

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Sin embargo, contienen "peligrosas ambigüedades" y otorgan atribuciones que deben corresponder exclusivamente a instituciones civiles.

"Normalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en labores policiales contribuiría a perpetuar la situación que se busca subsanar", advierten los expertos.

Alertaron, además, que si los gobiernos federales y estatales no han cumplido con su obligación legal de construir corporaciones de policía eficaces, "menos aún lo harán si cuentan con el recurso legal para encubrir dicho vacío institucional con requerimientos de intervención militar".

En vez de legislar para perpetuar el arraigado despliegue operativo de las Fuerzas Armadas, proponen cinco puntos que comienzan con establecer el "respeto irrestricto al marco jurídico constitucional e internacional", sin contravenir los tratados internacionales que México ha ratificado.

En segundo lugar, la adopción de "medidas excepcionales sólo a partir de los mecanismos ya previstos", en vez de los proyectos en discusión "no son acordes con las normas internacionales en la materia".

La tercera acción exigida es un plan de fortalecimiento de las policías en todos los niveles de gobierno, y "legislar sobre el uso de la fuerza", mientras que la cuarta recomendación es "reformar a las policías", fortalecer las procuradurías, el Poder Judicial y atender la crisis penitenciaria.

Finalmente exigen el cumplimiento de las recomendaciones sobre el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y definir un plan de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad de las calles del país.