"Estamos desesperados, desde que nos dijeron el 21 de noviembre que se había ordenado nuestra libertad plena no hemos dejado de pensar en ella, todos somos inocentes y tenemos familia, yo tengo dos hijos, quiero estar con mi familia y mis hijos", dijo a Sputnik uno de los detenidos, Wilfredo Therán, procedente del departamento colombiano Sucre (norte).
El texto destaca que desde hace un año estos ciudadanos "se encuentran en calidad de resguardo de la Policía Nacional venezolana", algo que de acuerdo con la defensa no existe en la legislación venezolana.
La esposa de Therán, Alba Atencio, dijo a Sputnik que la detención de su esposo hace 14 meses fue sorpresiva.
"Él estaba por Baruta (municipio del este de Caracas), y la patrulla de la policía lo paró en la calle y le pidieron los papeles, y como no los tenía, y tenía el pasaporte de colombiano vencido, se lo llevaron", expresó.
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La detención de Therán, quien se dedica a la albañilería, y la del resto de los ciudadanos colombianos que se encuentran en celdas de la Policía Nacional en la Yaguara sin cargos en su contra, se produjeron de forma similar, explicó Atencio.
La mujer indicó que durante los últimos meses va casi a diario a llevarle comida a su esposo y los fines de semana la acompañan sus dos hijos de 7 y 2 años de edad.
"Al principio iba todos los días sin falta, pero cada día la vida está más costosa y es difícil trasladarse y hasta comer, por lo que trato de ir un día sí y otro no, a llevarle algo de comida porque hay días que comen solo arroz o solo pasta es muy duro, por eso desde el martes tenía la ilusión de traerlo de vuelta conmigo", agregó.
El abogado defensor, Sergio Aranguren, expuso a esta agencia que el 21 de este mes se emitió el fallo que les otorga libertad plena, y fue notificado al servicio de alguaciles.
"Es público notorio y comunicacional que ya están debidamente notificados, porque hay una libertad plena sin restricción alguna; el día de ayer hablé con el intendente de la Policía Nacional y nos informó que espera tener una respuesta por parte del director, y estamos esperando lo atinente a su respuesta", expuso.
El jurista denunció que en Venezuela existe una dicotomía de la gestión pública, lo que dificulta el cumplimiento de decisiones de este tipo.
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"Se determinó en el proceso que no tienen ningún tipo de delito, en consecuencia lo que les queda es darle la libertad, porque yo sé que en Venezuela hay Estado de Derecho, y la justicia tarda, pero siempre llega, y esperemos que le otorguen la libertad en las próximas horas", añadió.
Por su parte, Marisel Roa, pareja de otro de los colombianos detenidos, Luis Gabriel Villas Valdez, dijo a esta agencia que su esposo fue arrestado en el sector Catia, al oeste de Caracas, mientras se cortaba el cabello.
Roa exige a las autoridades venezolanas que su esposo sea puesto en libertad cuanto antes.
"Exijo que sea puesto en libertad; si el delito de él es no tener papeles en Venezuela, bueno, ya pagaron un año y dos meses, ya está bueno, queremos que lo suelten, mi esposo no es paramilitar, ni tiene nada que ver con eso", afirmó.
Roa explicó a esta agencia que originalmente fueron detenidos 61 colombianos.
"Entre ellos hay una mujer de nombre Glenda (…) Uno de ellos, que le decían El Negro, fue puesto en libertad, luego de que su esposa sufriera un accidente cerebrovascular, y otro fue trasladado por problemas de salud", agregó.
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Esta agencia pudo saber que a Martín Enrique Gutiérrez Cera, de 61 años, oriundo de la ciudad colombiana de Barranquilla, le fue otorgada un medida humanitaria de deportación, luego de que el pasado 30 de octubre sufriera un accidente cerebrovascular.
Llevarán el caso a la CIDH
Si la orden de libertad no es acatada, advirtió el abogado Sergio Aranguren, el caso será llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya.
"Si el fallo no se acata, pediremos que el director de la Policía Nacional Bolivariana, general Alfredo Pérez Ampueda, y al ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol Torres, sean sometidos a un antejuicio de mérito, por desacato, abuso de poder, privación ilegítima de la libertad, asociación para delinquir", indicó.
Esta agencia tuvo conocimiento que la orden de excarcelación no llegó al lugar de detención, por lo que los policías se niegan a dar alguna certeza de que puedan salir en libertad en las próximas horas y no descarta que el Gobierno incluso ordene "parar" (detener) la decisión del tribunal.