"Nosotros no vamos a respaldar la coca que está fuera del cordón tradicional en los Yungas y parte de la provincia Inquisivi, en el departamento de La Paz (noroeste)", señaló Chamizo al referirse a la decisión del Tribunal Constitucional boliviano de reconocer la legalización de 7.700 hectáreas de coca en el trópico de Cochabamba (centro) consideradas ilegales hasta antes la promulgación de la Ley General de la Coca en marzo de este año.
Los productores de coca de La Paz expresaron su rechazo al dictamen del tribunal donde habían planteado un recurso para frenar la Ley General de la Coca.
Asimismo, anunciaron que impulsarán un referendo nacional para definir una política estatal sobre los cultivos de coca en Bolivia.
"El Gobierno ha impuesto su capricho y ha puesto a los productores de coca de los Yungas en una situación incómoda", dijo el dirigente agrario, quien considera que la legalización de 7.700 hectáreas de coca en el Chapare (centro) afectará a los productores de los Yungas.
En marzo pasado, el Gobierno de Evo Morales promulgó la Ley General de la Coca, que legaliza 22.000 hectáreas de cultivos de coca, 14.300 en los Yungas de La Paz y 7.700 en el Chapare cochabambino.
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La legislación boliviana reconocía tan solo 12.000 hectáreas de coca en las llamadas zonas tradicionales que incluyen las provincias de Nor y Sud Yungas y una parte de la provincia de Inquisivi.
"Tendrá que ser en otro Gobierno donde hagamos respetar los cultivos tradicionales y se revise la actual Ley General de la Coca", remarcó Chamizo.
El Gobierno boliviano aseguró que el fallo del Tribunal Constitucional se enmarca en la Constitución Política del Estado y dispone la plena vigencia de la nueva ley de la coca y su reglamento aprobado en septiembre.
