A través de un comunicado ambas partes instaron al Gobierno y a la guerrilla "a mantener su compromiso y voluntad para afianzar el trabajo del Mecanismo de Veeduría y Verificación" y "contribuir al propósito fundamental de mejorar la situación humanitaria de la población".
Aunque en varias regiones del país la población ha sentido "cierto alivio humanitario" a raíz de la suspensión de acciones armadas, "aún se mantienen serios desafíos a la seguridad de las comunidades que viven en zonas de conflicto", señalaron para después citar los recientes incidentes de violencia ocurridos en Tumaco (suroeste), donde seis cultivadores de coca murieron en confusos hechos con la policía.
Por último, la ONU y la Conferencia Episcopal, que forman parte del Mecanismo de Veeduría y Verificación del Cese al Fuego Bilateral, resaltaron en su comunicado que es "alarmante la tensa situación en zonas rurales de Catatumbo, en Norte de Santander (frontera con Venezuela), norte del Cauca y Buenaventura en el Valle del Cauca (suroeste)" a raíz de recientes actos de violencia por parte de grupos armados ajenos al cese del fuego.
El Gobierno colombiano y el ELN mantienen diálogos de paz desde febrero pasado en Quito con el objetivo de ponerle fin a más de medio siglo de conflicto armado, de modo similar a como se logró con la ahora disuelta guerrilla de las FARC, convertida en el partido político de izquierda Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
