"La persistente violencia entre grupos armados ilegales de diversa naturaleza, que se disputan el control de las economías ilícitas y los territorios dejados por (la disuelta guerrilla de) las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), está generando graves afectaciones a la población civil, principalmente a nivel rural", señala un informe presentado en Washington por el jefe de la MAPP-OEA, Roberto Menéndez, y publicado en su web.
"Como resultado de estos contextos de violencia, las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes se ven abocadas a extorsiones, confinamiento, desplazamiento forzado, violencia basada en género y reclutamiento de menores de edad, entre otras afectaciones", advirtió el informe.
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En su presentación, Menéndez señaló que "generan especial preocupación los asesinatos selectivos y amenazas contra líderes sociales, comunales y étnicos", de los cuales también son objeto los desmovilizados de las FARC y sus familias.
Por último, el informe planteó observaciones y recomendaciones frente a asuntos centrales, como participación social, conflictos sociales actuales y potenciales, justicia transicional, reincorporación y monitoreo carcelario de excombatientes.
De acuerdo con MAPP-OEA, el documento fue resultado de 960 misiones en el terreno en 500 centros poblados, como parte del monitoreo y acompañamiento permanente que adelanta el organismo desde 2004 en las zonas más afectadas por el conflicto armado y la criminalidad en Colombia.
