"Quiero expresar total condena a lo que es una sistemática criminalización y persecución a nuestros diputados y líderes políticos (…) por supuesto denunciamos la violación de los derechos humanos; aquí hay una acción selectiva del Gobierno sobre todo con los dirigentes de los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia", expresó a Sputnik la diputada Dinorah Figuera.
Para el parlamentario Jorge Millán esta decisión demuestra que en Venezuela no existe una democracia.
"Escogieron al diputado y vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, para continuar con esas acciones carentes de legalidad (…) El Gobierno tiene una política continuada de acabar con todos los focos democráticos que existen en el país", recalcó Millán.
El diputado Guevara se encuentra refugiado en la embajada de Chile en Venezuela, acción que fue calificada como "vergonzosa" recientemente por el canciller de Venezuela Jorge Arreaza y condenada por el primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello.
A juicio de Millán "vergonzoso es que se use las Fuerzas Armadas y las armas para perseguir a quienes son electos por el pueblo para ocupar cargos públicos".
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Figuera también repudió dichas declaraciones y agradeció a Chile por demostrar solidaridad con las instituciones democráticas de Venezuela.
La diputada informó que la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, se reunirá este martes para preparar una agenda en todo lo que tiene que ver con la resistencia y con el respeto a la Asamblea Nacional.
La reacción de la Cancillería venezolana
El Gobierno de Venezuela exigió en un comunicado el cese inmediato de supuestas "acciones injerencistas" contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), criticado por levantar la inmunidad del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara.
"El Gobierno Bolivariano expresa (…) su enérgico repudio a los permanentes actos de injerencia en los asuntos internos de Venezuela por parte de gobiernos, organizaciones y personas que se arrogan —de manera insolente— una pretendida e inexistente licencia para tutelar la democracia venezolana y sus instituciones", indica el comunicado expedido por la Cancillería.
En cuanto a la decisión de retirar la inmunidad parlamentaria a Guevara, quien se encuentra refugiado en la embajada de Chile en Caracas desde el pasado sábado, el texto alega que las leyes venezolanas establecen los mecanismos para realizar tales acciones.
"De igual forma, la doctrina y la jurisprudencia venezolana es clara al advertir que el antejuicio de mérito contra altos funcionarios del Estado no es procedente si se trata de un delito en flagrancia, y así lo ha determinado el Tribunal Supremo de Justicia", expone.
De acuerdo con un documento publicado el viernes por el TSJ, Guevara debe ser sometido a averiguaciones por presuntos delitos flagrantes durante las protestas que se registraron en el país entre abril y julio de este año, en las que murieron 126 personas.
"Para el pueblo venezolano resultan públicas y notorias las actuaciones del diputado Freddy Guevara y su presunta responsabilidad durante las acciones violentas de desestabilización política conocidas como 'las guarimbas' (protestas), que dejaron un doloroso saldo en pérdidas humanas y daños materiales entre los meses de abril y julio de 2017", agregó.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a Guevara y al presidente del parlamento, Julio Borges, de traición a la patria y ha instado a las autoridades competentes a tomar medidas legales.
Delegación del Gobierno de Venezuela: pugnas de oposición frenaron encuentro https://t.co/lvXAl1NTs3
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 28 сентября 2017 г.
Guevara es el coordinador nacional de Voluntad Popular, partido fundado por el opositor Leopoldo López, quien cumple una condena de casi 14 años por los hechos violentos registrados en el país durante las protestas contra el Gobierno en 2014.
Además, Voluntad Popular ha asegurado que no postulará candidatos a la elección de alcaldes del próximo 10 de diciembre, y que no participará en comicios mientras se mantenga vigente el actual Consejo Nacional Electoral, al cual acusa de fraudulento.
