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    Jorge Glas, vicepresidente de Ecuador

    Situación de vicepresidente de Ecuador sin definirse por contradicciones legales

    © REUTERS / Daniel Tapia
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    QUITO (Sputnik) — La destitución contra vicepresidente Jorge Glas, ordenada por la Contraloría, se dio por irregularidades en la concesión de un campo petrolero mientras este se desempeñaba como ministro de Sectores Estratégicos en 2012, por lo que la sanción no puede aplicarse a su cargo actual de vicepresidente, explicó una fuente de la entidad.

    "La resolución de la Contraloría es una destitución sobre el ministro, por eso Glas en este momento tiene la oportunidad de impugnar la resolución frente al Tribunal Contencioso Administrativo que dirá si está bien hecha o mal hecha la destitución, sin embargo, si procede la destitución tiene una segunda oportunidad para impugnar", señaló la fuente.

    Llegado a esa instancia, si el Tribunal ratifica la resolución "a partir de allí surte efecto la destitución y sus efectos jurídicos, que es la prohibición de ejercer cargo público por dos años", lo que sí impediría a Glas desempeñarse como vicepresidente del país.

    La defensa del vicepresidente coincide en que la sanción impuesta contra su cliente recae en el periodo en el que este se desempeñaba como ministro y no como vicepresidente, por lo que no sería procedente.

    "¡Totalmente arbitrario e incoherente!, resolución de la Contraloría destituye al "Ministro de Sectores Estratégicos" Ing. Jorge Glas, absurdo!", escribió el abogado defensor Eduardo Franco Loor en su cuenta de la red social Twitter tras conocer la resolución.

    ​Asimismo, aclaró que las causales de destitución del vicepresidente están contempladas en el artículo 129 de la Constitución y que entre ellas no se contempla el accionar de la Contraloría.

    Este artículo determina que la Asamblea Nacional podrá iniciar un juicio político contra esta autoridad por delitos contra la seguridad del Estado, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito y delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia.

    Según la resolución de Contraloría, Glas tuvo responsabilidad administrativa culposa en la asignación del campo Singue, al calcular la tasa de retorno basándose en el 80 y no en el 100% de las reservas del campo petrolero, lo que ocasionó un perjuicio al Estado de al menos 5,2 millones de dólares, que se pagaron a las empresas beneficiarias.

    Además del perjuicio al Estado, la contraloría determinó que la adjudicación del contrato fue irregular, pues el consorcio no cumplió con los requisitos establecidos y debía ser descalificada, algo que no ocurrió.

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    El dictamen determina también que el vicepresidente deberá pagar 5.840 dólares como multa.

    Hasta el momento, la Contraloría no ha aclarado públicamente la situación legal y jurídica del vicepresidente que permanece en prisión desde el pasado 2 de octubre por indagaciones dentro del caso Odebrecht.

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