"Considera la Sala que la Nación, representada por el Ejército Nacional y la Policía Nacional, tenía una obligación de proteger a los hermanos (…), comoquiera que sobre ellos se cernía un riesgo alto por pertenecer a una minoría política, la Unión Patriótica", indicó el fallo.
En consecuencia, la Sala determinó que la Policía Nacional y el Ejército también deberán pagar los gastos para la realización de un artículo académico en el que se muestre el impacto de la omisión del deber de protección del Estado en el exterminio de la UP.
"La realización, contenido, alcance y ejecución de los recursos estará a cargo del Centro Nacional de Memoria Histórica", indicó el fallo, el cual agregó que "dicho artículo deberá realizarse en el término de un año".
El crimen de los tres hermanos, identificados como José Ignacio, José Francisco y Nidia Reyes Gordillo, se produjo cerca del municipio de San Juan de Arama (Meta, centro) debido a su militancia en el Partido Comunista Colombiano y la UP, según se pudo establecer.
Los hermanos habían continuado con el trabajo político de dos de sus tíos, quienes también fueron asesinados por su militancia.
