"Nunca lo hemos comparado [al Gobierno de Macri] con una dictadura, pero con una dictadura uno sabía que el enemigo era ese y era tremendo; ahora tenemos un Gobierno elegido, estamos en democracia y es gravísimo que ocurran casos como el de Maldonado o Milagro Sala, que son emblemáticos", dijo De Carlotto a la prensa tras su intervención en una audiencia del 165 período de sesiones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
La activista pidió que el Poder Ejecutivo restablezca las políticas públicas desmanteladas desde el inició del Gobierno de Macri en diciembre de 2015 y reclamó que se consolide lo avanzado en los últimos años en cuanto al proceso de memoria, verdad y justicia sobre los crímenes de la última dictadura (1976-1983).
"Para recuperar lo perdido [es necesario] crear nuevamente un funcionamiento activo de gente experta y no estar sacando gente que tiene una experiencia acumulada y una seriedad de trabajo enorme, poniendo improvisados y otros errándola, que es peor", añadió De Carlotto a los medios.
En Argentina no hay independencia de poderes, sostuvo.
También aseguró que el Gobierno tiene responsabilidad en el caso del artesano Santiago Maldonado, cuyo cuerpo fue hallado en el río Chubut, cerca de donde había desaparecido el 1 de agosto mientras escapaba de un operativo de la Gendarmería contra una protesta de una comunidad mapuche de la que participaba.
La presidenta de Abuelas añadió que "ahora los científicos están evaluando [estudios complementarios de la autopsia], pero va mucho más allá de eso porque hay una historia visible que no dice nada de lo que dice el Estado de que se ahogó, que fue un accidente, que quiso huir, pero una persona no puede estar 80 días en el agua sin ser vista".
Si bien en la autopsia no se detectaron lesiones en el cuerpo del joven de 28 años, el peritaje debe aún determinar la fecha y causa de la muerte, lo que llevará dos semanas más.
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Durante los casi tres meses en que estuvo desaparecido Maldonado, volvió a primer plano el drama de la desaparición forzada que vivió este país bajo el régimen militar.
La líder de la organización barrial Túpac Amaru acumula varias causas penales en su contra.
En una de ellas, fue acusada de sustraer 29 millones de pesos (unos 1,9 millones de dólares) que estaban destinados a construir viviendas sociales.
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De Carlotto también recordó la lucha que mantiene su organización para restituir a sus legítimas familias los bebés que fueron sustraídos a presos políticos y dados en adopción ilegal por cómplices o agentes de la dictadura.
"Hay que seguir lo que sea para que no vuelva a pasar, [pues] la repetición se da cuando las cosas no se aclaran", concluyó.
Desde el 23 al 27 de este mes la CIDH lleva a cabo su 165 período de sesiones en el Palacio Legislativo de Uruguay.
