La magistrada acogió una petición del partido opositor Red Sustentabilidad, según la cual los cambios ordenados por el Ministerio de Trabajo restringen indebidamente el concepto de trabajo esclavo e introducen un "filtro político en una cuestión de naturaleza estrictamente técnica".
De momento los cambios propuestos por el Poder Ejecutivo no tendrán efecto, aunque la decisión de la jueza es temporal y habrá que esperar una resolución definitiva del total de los magistrados del Supremo.
"Considero inequívoco que una eventual lesión a los postulados de la dignidad de la persona humana y del valor social del trabajo (…) puede desfigurar la propia esencia del régimen constitucional nacional", escribió Weber en su decisión, según cita del diario Folha de S. Paulo.
Los cambios propuestos por el Gobierno determinaban que para calificar una situación laboral como "análoga a la esclavitud" no fuera suficiente la constatación de jornadas de trabajo extenuantes y en condiciones degradantes, sino que se debía comprobar la restricción a la libertad del trabajador.
Esa potestad era de la División de Fiscalización para la Erradicación del Trabajo Esclavo (Detrae), dependiente del Ministerio de Trabajo pero con perfil técnico y cierta autonomía, pero el Gobierno cambió la norma para que la divulgación de esta lista dependiera de la "determinación expresa del ministro", un cargo político.
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El Gobierno justificó los cambios para dar más seguridad jurídica a las empresas, alegando que es difícil llegar a un consenso sobre lo que son "condiciones degradantes" o una "jornada extenuante".
La flexibilización de las reglas sobre el control del trabajo esclavo es una reivindicación histórica de los diputados con intereses en el sector agrícola y ganadero, así como de la industria textil y la construcción, los que más recurren a estas prácticas ilegales.
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El presidente Temer necesita en la actualidad muchos votos en la Cámara de Diputados para archivar una denuncia por corrupción, por lo que los críticos con su gestión ven la medida como una concesión a estos diputados para garantizar que ese intento de enjuiciarlo sea archivado.
