Las oficinas en México de la ONU contra la Droga y el Delito y del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos "condenan los hechos de violencia registrados el 9 y el 10 de octubre en el Centro de Reinserción Social Cadereyta, (estado de) Nuevo León", dice el texto.
Las agencias de la ONU llamaron a las autoridades de Nuevo León a "conducir una investigación pronta, diligente y respetuosa del debido proceso, que esclarezca la tragedia ocurrida y otorgue justicia a las víctimas y a sus familiares".
Una medida fundamental de prevención para que hechos similares no vuelvan a suceder es realizar "una completa y exhaustiva investigación, así como la sanción de quienes resultaran responsables", plantearon esas agencias de la ONU que desde 2002 tienen una sede permanente en acuerdo con el Gobierno de México.
Para lograr ese fin, las agencias de la ONU exigen "investigar de manera efectiva" otros motines y riñas mortíferas anteriores en los centros de detención Topo Chico, Apodaca y Cadereyta, tres conflictivas cárceles de Nuevo León, un estado industrial del norte mexicano.
Responsabilidad y antecedentes
Existen versiones de familiares que denunciaron abusos de las autoridades al sofocar el motín que se prolongó por dos días.
Esas obligaciones están contenidas en las Reglas Mínimas de los estados miembros de la ONU para el tratamiento de los reclusos, conocidas como las "Reglas Mandela", en honor al expresidente sudafricano Nelson Mandela (1918-2013), que fue por muchos años un prisionero político.
Los especialistas del organismo mundial llamaron a las autoridades federales y estatales de México a adoptar las medidas necesarias para "garantizar la no repetición de hechos trágicos como los ocurridos".
Las conclusiones de diferentes estudios sobre la situación en el centro de Cadereyta y el sistema penitenciario mexicano indican condiciones de hacinamiento, maltratos, corrupción y sobrepoblación.
En los últimos dos años se han registrados varios motines sangrientos en cárceles de Nuevo León con el resultado de al menos 70 reos muertos.
La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (2016) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía estableció que en Nuevo León un 40,5% de las personas privadas de libertad se sentían inseguras en Cadereyta y 28,9% en su celda.
Otras organizaciones defensoras de derechos humanos consideran que existen signos de "autogobierno" de los reos dentro de las prisiones de México, en el marco de la guerra contra el crimen organizado.
