"La reparación integral es parte de la sentencia condenatoria que cumplirá el procesado, así como 7 años de prisión y una multa de hasta 40 salarios básicos unificados (15.000 dólares)", informó el 5 de octubre la fiscalía ecuatoriana en un comunicado.
Por concepto de reparación integral, los afectados recibirán 6.000 dólares por parte del ciudadano Kifayat U., también paquistaní, y acusado de cometer el delito.
La representante de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional, Jimena Moina, presentó, entre las pruebas para demostrar la existencia del delito, el informe del Departamento de Seguridad remitido en noviembre de 2016, donde se alertó a la fiscalía del traslado ilegal de personas de procedencia paquistaní.
Con este informe, Moina realizó un seguimiento de Kifayat U. y de las tres víctimas que, entre noviembre y diciembre de 2016, pasaron por Brasil, Perú, Ecuador y Colombia, donde fueron detenidas y luego deportadas a territorio ecuatoriano.
Esos tres hombres fueron ingresados de inmediato al Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General del Estado.
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El delito de tráfico ilícito de migrantes se encuentra tipificado en el artículo 213 del Código Orgánico Integral Penal de Ecuador.