"La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) recibió, entre septiembre de 2016 y septiembre de 2017, a 15.246 personas por hechos de violencia doméstica", informaron a Sputnik fuentes judiciales.
El 76% de las denuncias fueron presentadas por mujeres y niñas que resultaron hostigadas por hechos de violencia familiar, y otro 15% por niños.
El restante 9% se atribuyó a adultos varones.
El grado de riesgo fue elevado en su inmensa mayoría: en el 52% de las denuncias se registró un peligro medio o moderado, y en un 35%, se observó un nivel del riesgo alto y altísimo.
Le puede interesar: Gobierno argentino crea Instituto Nacional de Mujeres
De las denuncias presentadas, 10.961 fueron derivadas a juntas interdisciplinarias y 4.285 se definieron como consultas informativas.
Personas mayores
En un 59% de las situaciones relatadas, la mayoría de las personas afectadas viven con las denunciadas.
En la mitad de los casos se describieron malos tratos a mano de los hijos; también se alegaron denuncias de violencia ejercida por los cónyuges (14%), otras personas (11%), exparejas (9%), otros familiares, hasta cuarto grado de parentalidad (8%), convivientes (5%) y hermanos (2%).
Nueve años
La Oficina de Violencia Doméstica, a cargo de la vicepresidenta de la Corte, Elena Highton de Nolasco, es el único organismo judicial del país que admite denuncias durante las 24 horas del día, de manera ininterrumpida.
Durante sus nueve años de existencia, que se cumplieron en el mes de septiembre, la Oficina ha atendido en total a 127.716 personas por hechos de violencia familiar.
En promedio, la institución recibe unas 900 denuncias por mes, y puede tramitar medidas judiciales de protección en 24, 48 o 72 horas.
Los principales tipos de violencia que se ejercen son de índole psicológica (98%), física (65%) y simbólica (64%).
También se presentan denuncias de violencia de tipo ambiental (40%), económica (33%), social (21%) y sexual (9%).
En un mismo caso, puede denunciarse más de un tipo de violencia.
Casi todos los expedientes iniciados a raíz de las querellas fueron derivados a la justicia civil (99%) y a la penal (en un 78%), cuando no a ambas.
