"La defensa fue notificada recién este viernes [29 de septiembre] a las 19 y aún no se conocen los fundamentos de la resolución firmada por los jueces Néstor Hugo Paolini, Gloria María Mercedes del Portal y Emilio Carlos Cattan", informó en un comunicado la organización barrial Tupac Amaru que lidera la activista.
La prisión domiciliaria fue una de las directrices que la CIDH incluyó en una medida cautelar concedida en beneficio de Sala el pasado 28 de julio.
A menos de un mes de que le fuera concedido el arresto domiciliario, la Cámara de Apelaciones ordenó que la activista regrese al "Penal del Alto Comedero", situado al sur de la capital de la provincia San Salvador de Jujuy, donde Sala estuvo detenida desde enero de 2016.
El Código Procesal Penal de Jujuy establece en su art. 165 que "los actos procesales deben cumplirse en días y horas hábiles".
"En caso de necesidad, el tribunal podrá habilitarlos", añade la legislación.
La defensa, sin embargo, consideró que no se debería hacer efectivo el traslado, ya que los abogados van a recurrir la resolución de tribunal jujeño.
El juzgado de Control en lo Penal número 3 de Jujuy concedió la prisión domiciliaria a la dirigente social el pasado 16 de agosto, pero no se efectivizó hasta el 31 de ese mes.
La líder de la organización barrial Tupac Amaru acumula ocho causas penales en su contra.
En una de ellas, fue acusada de sustraer 29 millones de pesos (unos 1,9 millones de dólares) que estaban destinados a construir viviendas sociales.
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En diciembre de 2015, la dirigente fue elegida como legisladora del Parlamento del Mercado Común del Sur (Mercosur), pero no pudo asumir su escaño por estar recluida.
