"El trabajo por los pueblos originarios es una política de Estado", señaló el organismo que dirige Claudio Avruj en un comunicado.
La prórroga de la ley estaba por expirar el próximo 23 de noviembre y ahora deberá ser debatida en la Cámara de Diputados.
Con la media sanción del Senado del pasado miércoles se prorroga por cuatro años más la legislación que también prohíbe los desalojos y que exige que se realice un relevamiento técnico, jurídico y catastral de los territorios ancestrales reclamados por los pueblos originarios.
La Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia, manifestó "su apoyo a la extensión de la norma", sancionada en 2006 y prorrogada sucesivamente en 2009 y 2013.
"Desde el inicio de la gestión de Gobierno se ha puesto en un lugar central de la agenda las problemáticas relativas a las comunidades", opinaron.
Sin embargo, la Cámara de Diputados se negó a tratar la semana pasada la prórroga de la ley a falta de una mayoría que habría podido facilitar la alianza gobernante Cambiemos.
Cambios en organismos
El INAI, responsable de las políticas del Estado relativas a los pueblos originarios, es el encargado de realizar el relevamiento de las comunidades.
Desde que asumió el actual Gobierno con Mauricio Macri, hace 18 meses, el INAI ha monitoreado a 140 comunidades indígenas, además de brindar asistencia legal en 60 casos de conflictos ligados a la ocupación de la tierra, de acuerdo a los datos de la Secretaría.
De todas ellas "solo 459 tienen concluido el relevamiento territorial, pero aún no cuentan con los títulos de propiedad", alertó Amnistía Internacional.
"El INAI trabaja fuertemente desde el primer día para avanzar en los relevamientos técnicos, jurídicos y catastrales que exige la ley", manifestó la Secretaría.
A 11 años de la promulgación de la ley 26.160, Amnistía advirtió que al menos el 70% de las comunidades registradas no han sido estudiadas de manera completa, así que quedan marginadas de los derechos reconocidos por la legislación.
