"Marchando al Congreso para exigir la prórroga de la Ley 26.160; necesidad urgente de nuestros pueblos originarios", informó en las redes sociales la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular, una de las agrupaciones que apoya esta manifestación.
La ley declara la emergencia en relación a la posesión y propiedad de las tierras ancestrales en las que residen las comunidades indígenas.
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La legislación también prohíbe los desalojos y exige que se realice un relevamiento técnico, jurídico y catastral de los territorios ancestrales que reclaman las comunidades indígenas.
Actuación parlamentaria
En su última sesión el pasado 7 de septiembre, el Senado postergó el tratamiento de un proyecto que concede cuatro años de vigencia a la Ley 26.160.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), encargado de las políticas del Estado relativas a los pueblos originarios, es el responsable de realizar el relevamiento de las comunidades.
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Ante el organismo se han identificado 1.532 comunidades, pero sólo el 49%, 759, han comenzado el proceso de relevamiento.
De no prorrogarse, los pueblos no relevados quedarán a la deriva cuando la ley caduque el próximo 23 de noviembre, cuando finaliza su vigencia.
