"La estrategia de Brasil fue presentar dos caras: una cara internacional ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en que describen un cuadro que no es compatible con la realidad, en la que prácticamente aceptan todas las recomendaciones hechas para avanzar en los derechos humanos en el país; y otra cara, la que el Estado brasileño presenta nacionalmente, adoptando medidas que están liquidando derechos humanos", dijo Neder.
Para AI esta actitud es "absolutamente incompatible" con la realidad que se vive en Brasil, especialmente con la "ofensiva" del Congreso, que está aprobando o modificando leyes que suponen graves retrocesos para los derechos humanos.
Se trata especialmente de cuestiones relacionadas con los derechos sexuales de las mujeres, el derecho a la tierra de las comunidades indígenas y la violencia y el racismo estructural del Estado que sufren los jóvenes negros de "favelas" (barrios hacinados) y periferias de las grandes ciudades.
"Brasil es el país con el mayor número absoluto de homicidios en el mundo y la principal víctima de homicidios son los jóvenes negros de sexo masculino", subrayó Neder.
Los derechos de los pueblos nativos también están entre las principales incoherencias que AI denuncia en la postura de Brasil ante la ONU, ya que mientras el Gobierno reafirma en los foros internacionales su voluntad de preservar sus derechos, las medidas del Ejecutivo y del Legislativo apuntan en la dirección contraria.
"El Estado brasileño no ha hecho nada para impedir los ataques (de milicianos, terratenientes y otros actores) contra los pueblos indígenas, y eso claramente puede agravarse ante los cambios que están proponiendo el Estado y el Congreso para identificar y demarcar las tierras indígenas y "quilombolas" (pertenecientes a descendientes de esclavos)", lamentó Neder.
El movimiento indígena y las organizaciones sociales están totalmente en contra de esta medida pues, argumentan, de esta forma el influyente bloque de legisladores ruralistas que hay en el Congreso pondría aún más obstáculos a un proceso que ya es lento y costoso.
"Todas estas medidas son incompatibles con las declaraciones internacionales del Estado brasileño de que combate el racismo y que no apoya esos movimientos", aseguró la representante de Amnistía.
El presidente Michel Temer también fue muy criticado por su discurso pasado ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde dijo que Brasil está firmemente comprometido con la salvaguarda de la selva amazónica.
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El Gobierno impulsó en las últimas semanas varias medidas que buscan desproteger amplios territorios de la Amazonía.
La más destacada es el decreto que extingue la Reserva Nacional del Cobre y sus Asociados (Renca), un territorio de 46.000 kilómetros cuadrados en el norte del país que podría empezar a ser explotado por la industria minera.
