"En aras de la armonía y la paz social sería importante escuchar al presidente porque con su silencio causa más inestabilidad en el país; la gente en Guatemala es pacífica, pero también tiene un límite", advirtió Rodas Andrade.
El miércoles, el Congreso había aprobado sorpresivamente una reforma al Código Penal que exime de culpa a los secretarios generales de los partidos en caso de financiación ilícita y en cambio responsabiliza a los contables de las fuerzas políticas.
Además, se reducía la pena por financiación ilegal de un máximo de 12 años a 10, abriendo la posibilidad de que la pena sea conmutada por una multa.
Sin embargo, el viernes con protestas convocadas en todo el país, el Congreso de Guatemala dio marcha atrás y archivó los decretos por unanimidad.
Desde entonces el mandatario no se ha pronunciado al respecto y únicamente habló el jueves para anunciar que los actos del viernes por el Día de la Independencia quedaban suspendidos.
"La población siente que no hay motivos de celebración, pues hay una intención por parte de algunos diputados y por parte del presidente de atarnos a las cadenas de la corrupción y hay un malestar que ayer se vio en las manifestaciones", sostuvo el procurador.
También recordó que esta semana la prensa reveló que Morales recibió un cheque de 50.000 quetzales (unos 6.850 dólares) como un bono extraordinario de responsabilidad por parte del Ejército, institución que después confirmó que se le entregaron un total de ocho bonos al mandatario, lo que suma 400.000 quetzales (54.800 dólares), además del salario que recibe como presidente.
"Fuimos sorprendidos con los bonos que recibió el presidente y eso ha enfadado más a la población, son actos poco transparentes y Guatemala es un país donde hay niños desnutridos que no reciben la atención necesaria, donde hay problemas en la salud y en la educación; la gente manifiesta su indignación por la suma de todo", añadió Rodas Andrade a esta agencia.
Tampoco hay que olvidar lo que ocurrió en el país en 2015, cuando la ciudadanía salió a las calles de forma masiva para protestar contra la corrupción y la impunidad después de que saliera a la luz el escándalo de defraudación aduanera de La Línea, un proceso que sacudió la política del país centroamericano por ser el primero en el que aparecieron pruebas fehacientes sobre corrupción política.
Esa estructura de corrupción, que obtenía ganancias ilícitas en los controles de aduanas, no solo provocó la renuncia y posterior detención del expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), sino también la de su vicepresidenta Roxana Baldetti.
