Juristas internacionales examinarán si hay pruebas para llevar a Venezuela a la CPI

MONTEVIDEO (Sputnik) — La OEA eligió a tres juristas internacionales para que evalúen las evidencias recolectadas esta semana sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y la pertinencia de remitir esas denuncias a la Corte Penal Internacional (CPI), informó el foro regional en un comunicado.

Almagro "ha designado a los tres expertos internacionales para evaluar si la situación en Venezuela merece ser remitida a la Corte Penal Internacional (CPI)", dice el texto.

Se trata del costarricense Manuel Ventura Robles, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el argentino Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el canadiense Irwin Cotler, presidente del Centro de Derechos Humanos Raul Wallenberg y exministro de Justicia de su país.

Los tres expertos evaluarán las evidencias reunidas el jueves y este viernes en sendas audiencias presididas por el exfiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, a quien Almagro nombró el 25 de julio como su asesor honorario en temas de crímenes de lesa humanidad.

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Las denuncias expuestas en esas audiencias se incorporarán a un informe final que examinarán los juristas, junto con "información enviada por más de 50 organizaciones que están o han investigado las circunstancias de la crisis venezolana", dice el comunicado.

Venezuela ratificó el Estatuto de Roma constitutivo de la CPI y por tanto ese tribunal tiene jurisdicción para entender en crímenes de lesa humanidad eventualmente cometidos en ese país y/o por ciudadanos venezolanos, siempre y cuando se demuestre que el sistema judicial nacional carece de voluntad o de recursos para la correspondiente impartición de justicia.

Las audiencias para recopilar denuncias continuarán en octubre.

"Con toda la información obtenida, la Secretaría General producirá un informe que será evaluado por los tres expertos asignados", concluye el comunicado.

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El Gobierno de Venezuela protestó por la realización de este proceso y cuestionó que Almagro hiciera uso de un "instrumento inexistente" en el ordenamiento jurídico americano, en referencia al nombramiento de Moreno Ocampo como asesor especial en crímenes de lesa humanidad, para atacar a Caracas.