"Sigue predominando una imagen negativa de las personas extranjeras, principalmente colombianas, peruanas, cubanas y venezolanas, así como de aquellas provenientes de diversos países africanos y asiáticos, atribuyéndoles potencial amenaza o riesgo para la seguridad estatal", advierte la ONU en un informe.
Además, recomendó a Ecuador adoptar las medidas necesarias, "incluidas reformas legislativas, para asegurar a todos los trabajadores migratorios el goce, sin discriminación, de los derechos".
Si bien el documento destaca los avances en el proceso de regularización de ciudadanos extranjeros 2016, en particular de ciudadanos haitianos, venezolanos, peruanos y dominicanos, también muestra su inquietud por la obligación que tienen los migrantes de demostrar "medios de vida lícitos en el país" para regularizar su permanencia.
Sobre el tema de deportaciones, la ONU expresó su intranquilidad respecto a la detención y deportación colectiva de más de 100 personas cubanas en julio de 2016, entre las que "se habrían incluido niños, niñas, adolescentes y adultos mayores".
Por esa razón exige al Estado "que realice todas las investigaciones exhaustivas e independientes para que se identifiquen las violaciones de derechos humanos, se determinen responsabilidades y las reparaciones" respectivas.
En otros aspectos, el organismo recomendó a Ecuador adoptar las medidas necesarias para garantizar que se prohíba aplicar la privación de libertad por razones migratorias y "realizar una investigación exhaustiva" sobre posibles detenciones arbitrarias ejecutadas en los últimos años.
Sin embargo, le inquieta "la persistencia de discriminación" por parte de autoridades, profesores y padres de familia hacia personas de un origen distinto.
Por ese motivo pide al país adoptar "medidas concretas" para garantizar el acceso al sistema educativo, especialmente a favor de eliminar la discriminación.
La ONU solicitó al país que mejore su capacidad de información estadística en materia de migración, pues actualmente se limita al registro de los ingresos y salidas por puestos oficiales "y no visibiliza la magnitud de los flujos migratorios".
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El Comité lamenta en particular la ausencia de información cualitativa "desde un enfoque de derechos e integral, incluyendo datos más desagregados sobre las personas inadmitidas y deportadas".
Ecuador tiene hasta el 1 de octubre de 2022 para presentar su cuarto informe periódico, mientras que en el plazo de dos años a partir de ahora deberá presentar información sobre la aplicación de las recomendaciones del Comité.
