"Luis Almagro (…) extralimitándose una vez más en sus funciones como secretario general de la OEA, convocó en la sede de la organización a unas denominadas audiencias públicas los días 14 y 15 de septiembre como parte de una estrategia que pretende presentar a Venezuela como un país violador de derechos humanos sirviéndose para ello de una figura jurídicamente inexistente: asesor especial del secretario general de la OEA para crímenes de lesa humanidad", dice un comunicado de la cancillería.
La OEA realizará el 14 y 15 de septiembre dos audiencias para recibir denuncias y explorar la posibilidad de que se hayan cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela durante las protestas opositoras que se desarrollaron entre abril y julio y de que corresponda denunciarlos ante la Corte Penal Internacional (CPI).
El 11 de septiembre, la Secretaría General de la OEA informó que la audiencia del día 14 será con representantes de la sociedad civil venezolana, y la del viernes 15 con miembros de las Fuerzas Armadas de ese país.
La tarea de Moreno Ocampo comenzará por analizar, estudiar y debatir "con todas las partes interesadas la situación en Venezuela y en consecuencia formular sugerencias sobre cursos de acción posible por parte de la organización", indica el comunicado de la OEA difundido en ocasión de la designación del asesor especial.
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Venezuela ratificó el Estatuto de Roma, constitutivo de la CPI, en junio de 2000 y por tanto la Corte tiene jurisdicción sobre lo que ocurre en ese país, de modo que "es nuestra obligación explorar la posibilidad de que los responsables de estas atrocidades puedan ser juzgados por la CPI", sostuvo Almagro en julio.
El 111 de septiembre, el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, sostuvo en Ginebra que la situación humanitaria de Venezuela amerita una investigación internacional.
"Mi investigación sugiere la posibilidad de que se puedan haber cometido crímenes contra la humanidad, algo que solo puede ser confirmado por una investigación penal ulterior", señaló Ra'ad al Hussein en su discurso de apertura de la trigésimo sexta sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Durante las protestas opositoras iniciadas en abril pasado fallecieron 124 personas y miles resultaron heridas o detenidas.
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Las protestas cesaron a inicios de agosto, cuando el Gobierno instaló la Asamblea Nacional Constituyente, integrada solo por oficialistas y que tiene previsto sesionar por dos años con poderes plenipotenciarios.
