"La CIDH manifiesta su preocupación por la falta generalizada de voluntad política por parte de los Estados para hacer efectiva la implementación de dichas medidas y urge a los Estados a realizar las acciones necesarias para que la prisión preventiva se utilice de conformidad con su naturaleza excepcional, reduciendo así los altos niveles de hacinamiento que caracterizan la región", informó el organismo en un comunicado.
"El uso excesivo de la prisión preventiva constituye un problema estructural inaceptable en una sociedad democrática que respeta el derecho de toda persona a la presunción de inocencia y representa una práctica contraria a la esencia misma del estado de derecho y a los valores que inspiran a una sociedad democrática", dijo el Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Comisionado James Cavallaro, según consigna el comunicado.
La CIDH publicó días atrás un informe con medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en la región, al que califica de "problema crónico".
El trabajo fue realizado con el objetivo de dar seguimiento a un informe sobre este mismo tema publicado por el organismo en 2013.
"La selección de las recomendaciones respecto a las que la CIDH dará particular seguimiento, se basó en la consideración de que los esfuerzos realizados para su cumplimiento, reflejan con mayor claridad los logros y dificultades presentados en la utilización de la prisión preventiva en la región", consigna el texto.
Además, resalta la "tendencia" existente en la región a proponer políticas de "mano dura" como respuesta a la inseguridad ciudadana.
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Esto, sostiene la CIDH, habilita la aprobación de leyes que priorizan la aplicación de la prisión preventiva en desmedro de medidas alternativas que reduzcan las tasas de privación de libertad y con ello la superpoblación y el hacinamiento que caracterizan a las cárceles de la región.
"La inseguridad ciudadana es un grave problema en la región y la población tiene derecho a exigir que se tomen medidas para resolverla (…) Sin embargo, está demostrado que las políticas de mano dura no solamente son violatorias de los derechos humanos de las personas, sino que además resultan ineficaces para garantizar la seguridad ciudadana", expresó el presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, cuyo mandato es promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región.
