El país centroamericano vive una grave crisis institucional después de que el 27 de agosto Morales declarara persona no grata al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, y ordenara su inmediata expulsión, acusándolo de "inmiscuirse en asuntos internos" y de haber intentado "presionar a diputados del Congreso para llevar a cabo reformas constitucionales".
El 25 de agosto, la Cicig y el Ministerio Público (Fiscalía) solicitaran un antejuicio contra el mandatario por presunto financiamiento electoral ilícito durante la campaña presidencial de 2015.
También presentaron una solicitud de antejuicio la organización Acción Ciudadana, que promueve la transparencia en la gestión pública, y los ciudadanos Eleonora Muralles, Alejandro Balsells, Gabriel Wer y Elvyn Díaz al considerar que el presidente incurrió en los delitos de obstrucción a la justicia, y abuso de autoridad, publica el diario guatemalteco Prensa Libre.
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El viernes, además, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala suspendió al partido que lidera Jimmy Morales, el FCN-Nación (derecha), por no pagar una multa que alcanza los 60.000 dólares después de que no entregara unos informes de financiamiento electoral.