"El decreto pone a disposición de la minería un área equivalente a más del total de la deforestación acumulada en toda la Amazonía en los últimos cuatro años", asegura el comunicado difundido por la Fiscalía.
Este organismo recuerda que a día de hoy apenas el 0,33% de la zona está deforestada, mientras que con el decreto un total de 3.279.781 hectáreas pasarían a estar disponibles para explotaciones mineras, lo que supone el 70,4% del territorio de la Renca.
Por ello, defienden que la minería podría impactar en toda la región, incluso en las unidades de conservación y tierras indígenas que a priori seguirían siendo intocables.
Citan como ejemplo la supresión de vegetación, exposición del suelo a la erosión, contaminación del suelo y de los recursos hídricos superficiales y subterráneos y contaminación del aire.
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También alertan de la "decadencia económica y social" que podría producirse una vez acabe el pico de lucro de las empresas extractoras de minerales, así como la explosión demográfica que supondría la llegada de la industria y el impacto que eso tendría en las comunidades indígenas y poblaciones tradicionales.
"Con el decreto 9.147/2017 la deforestación aumentará, y con ella, todos los impactos indirectos, como la apertura de una nueva frontera agropecuaria que se instalará en la región", pronostica el Ministerio Público.
La Renca es un territorio de 4,7 millones de hectáreas entre los estados de Pará y Amapá (norte de Brasil) creada en 1984 (durante la dictadura militar) para preservar importantes yacimientos de oro, hierro y manganeso, entre otros metales.
