"Si el presidente Trump quiere terminar el acuerdo comercial de Norteamérica, que lo haga; pero el alto costo político de la decisión la debe pagar el Gobierno de EEUU", dijo a esta agencia Luis Fernando De la Calle, ex subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales de México y uno de los artífices del pacto comercial, en vigor desde 1994.
El economista por la estadounidense Universidad de Virginia, quien participó en el diseño, promoción e implementación del TLCAN en los años 1990, dijo que el Gobierno de su país "no debe abandonar el tratado, sino dejarle toda la carga política de la decisión a EEUU".
De la Calle señaló que en caso que el mandatario estadounidense decida poner fin al tratado, el costo de esa decisión "sería un golpe para los estados de los Estados Unidos que han sido favorecidos por el tratado de libre comercio".
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En efecto, legisladores del oficialista Partido Republicano de estados como Texas, Arizona, Michigan, Illinois y California desplegaron un cabildeo frenético el pasado mes de abril, cuando Trump amenazó con notificar al Congreso que comenzaría el proceso de seis meses para abandonar el acuerdo.
"Lo peor que le puede pasar al estado de Texas sería el fin del acuerdo, porque la mayor parte de sus exportaciones mundiales van a México", ejemplificó De la Calle, negociador en diversas tratativas comerciales bilaterales y multilaterales en la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Trump finalmente dio marcha atrás y abrió las negociaciones, que comenzaron el 16 de agosto en Washington.
En el fronterizo Texas, el ejemplo más ilustrativo para De la Calle, el comercio bilateral sumó, según datos oficiales, 173.711 millones de dólares, y más de 380.000 empleos dependen del comercio con México.
Ese estado exportó el año pasado más de 90.000 millones de dólares a México, es decir más de tres veces la suma de sus ventas a Canadá, que fueron de 25.500 millones de dólares.
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Finalmente, si Trump hace planteamientos inaceptables de manera formal, "México debe levantarse de la mesa", remató.
Plan B: arbitraje y OMC
El Gobierno de México contempla un llamado Plan B en caso que Washington decida abandonar el acuerdo.
Según el ministro de economía mexicano, Ildefonso Guajardo, jefe de los negociadores de su país, esta alternativa se evalúa pensando en que si termina el TLCAN "la certidumbre jurídica para la inversión en México podría perderse".
Pero más allá de nuevos acuerdos comerciales y legislaciones, "todo el esquema del Plan B tiene que ver con los paneles arbitrales, y estos, claramente, serán sustituidos por los acuerdos establecidos en la Organización Mundial del Comercio (OMC)", dijo el negociador mexicano poco antes de viajar a Washington, donde se reunió el 30 de agosto con sus contrapartes comerciales, Wilbur Ross y Robert Lighthizer.
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Por su parte, la directora de Análisis Económico de Banco Base, Gabriela Siller, dijo a Sputnik que "si EEUU se saliera del TLCAN, se aplicarían las reglas de la Comisión de Comercio Internacional" de la OMC.
La experta financiera añadió que "la imposición de aranceles elevaría el costo de las exportaciones en 3,9% en promedio, suponiendo que la demanda es inelástica y que dicho costo es transferido por completo a los consumidores estadounidenses", elevando los costos de los productos importados desde México.
El límite es el interés nacional
Por su parte, el economista Gerardo Esquivel, dijo a esta agencia que el Plan B del que ha hablado el jefe negociador mexicano es "básicamente la alternativa de no participar en una negociación si los planteamientos de las contrapartes no son compatibles con el interés nacional".
El investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México, apuntó además que, en el caso de la intención de imponer aranceles a las exportaciones, tanto Canadá como México "deben evitar retrocesos en los temas que está planteando EEUU, porque no se puede ceder al avanzar en otras dimensiones de la modernización y sectores específicos de las industrias nacionales".
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Otros temas pendientes de la agenda "son asuntos no comerciales que no se incluyeron en el TLCAN, como por ejemplo los asuntos laborales y migratorios, que deben mejorarse", observó.
En ese caso que EEUU termine bajándose del acuerdo "el costo político lo tendrá que asumir el propio presidente Trump, que tendrá que arreglarse con sus electores y sus sectores privados, que sin duda mostrarían oposición en estados importantes, y tendrá que confrontarlo internamente", puntualizó Esquivel.
El 30 de agosto, el canciller de México, Luis Videgaray, y el representante comercial de EEUU, Robert Lighthizer, acordaron en Washington que sus países continuarán con las negociaciones para modernizar el TLCAN.
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La segunda ronda de negociaciones se realizará en Ciudad de México, entre el 1 y el 5 de septiembre.
