"El juez federal Julián Ercolini citó a declaración indagatoria a Cristina Fernández para el 9 de noviembre", avisaron a Sputnik fuentes judiciales.
También fueron llamados a declarar los hijos de la exmandataria, Máximo y Florencia Kirchner; el empresario detenido Lázaro Báez, y otros 20 imputados en la causa, quienes desfilarán ante el juez entre el 5 de octubre y el 20 de diciembre de este año.
"Existen elementos de convicción suficientes como para avanzar con la sujeción al proceso y que se encuentra corroborado el estado de sospecha requerido por el artículo 294 del CPPN (Código Procesal Penal de la Nación) para convocar a prestar declaración indagatoria", sostuvo el fallo del magistrado.
En la causa se investigan presuntas irregularidades relacionadas con el alquiler y la administración del hotel Alto Calafate, en la provincia de Santa Cruz (sur), por el empresario Lázaro Báez, quien está encarcelado por lavado de activos en el marco de otro expediente judicial.
El hotel Alto Calafate es el único inmueble registrado en la sociedad Hotesur, propiedad de la familia Kirchner.
En su resolución de este 25 de agosto, el juez Ercoloni también decidió mantener la inhibición de bienes que pesa sobre Fernández de Kirchner.
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Los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques habían pedido en mayo la declaración indagatoria de la expresidenta, solicitud que fue resuelta este viernes.
El juez Ercolini optó por citar a la exjefa de Estado para después de las elecciones parlamentarias que se celebran el 22 de octubre, y a las que la exmandataria se presenta como candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires (este).
Procesamientos contra expresidenta
Fernández de Kirchner está procesada en otra tres causas.
La segunda juzga a la expresidenta y a los funcionarios de su Gobierno por el delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública ante las operaciones de venta de dólar a futuro que realizó el Banco Central durante su gestión.
Otro caso procesó en diciembre a la exmandataria por supuesta asociación ilícita en la adjudicación de obras públicas realizadas durante su Gobierno (2007-2015) en la provincia de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez.
