"El cuerpo médico ha manifestado que no se van a aceptar más privados de libertad a menos que su vida corra peligro porque esa es una deficiencia del Sistema Penitenciario, no del sistema de salud", señaló Soto.
Las cárceles guatemaltecas apenas cuentan con clínicas médicas y fármacos para atender a los presos cuando tienen problemas de salud, por lo que son trasladados a hospitales públicos del país con el riesgo que eso conlleva debido a la alta peligrosidad de ciertos reclusos.
De hecho, añadió Soto, solo el 20% de los reclusos que llegan al hospital que dirige presentan problemas graves de salud, mientras que el 80% restante acuden sin ser realmente necesario.
El dolor de oído, de estómago o de cabeza son algunas de las dolencias más comunes de los presos, "ejemplos de consultas por las que no deberían llegar", explicó el médico.
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El 16 de agosto varios pandilleros rescataron al reo Anderson Daniel Cabrera, uno de los líderes de la mara Salvatrucha, cuando iba a ingresar al Hospital Roosevelt en la capital guatemalteca custodiado por dos guardias del Sistema Penitenciario, quienes murieron junto a otras cinco personas más durante el tiroteo: dos trabajadores del hospital, dos niños y un particular, informó el periódico Prensa Libre.
Soto indicó a esta agencia que la situación en el país centroamericano "es de una violencia importante" y prueba de ello, añadió, es que solo en los tres días previos al tiroteo del 16 de agosto un total de 28 personas ingresaron al hospital heridas por armas de fuego.
"Son cosas que no deberían suceder, pero suceden debido a la falta de seguridad", señaló.
Más protección
Tras lo ocurrido el 16 de agosto, el equipo médico del hospital demandó más seguridad y el Gobierno les proporcionó un contingente de 28 soldados.
Soto también recordó que desde hace dos años vienen advirtiendo a las autoridades de los riesgos que conllevan los traslados de presos a centros médicos.
En 2015 ocurrió un episodio similar en el Hospital General San Juan de Dios, situado también en la capital del país, cuando un grupo armado lanzó una granada en la entrada del centro para rescatar a un recluso, ocasionando varios muertos.
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El presidente guatemalteco Jimmy Morales anunció que serán instaladas clínicas móviles en los centros de privación de libertad y cárceles del país, medida que ya se había anunciado hace cinco años bajo el Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015) pero "no se logró hacer", ya que solo duraron unos días, explicó Soto.
Otra de las medidas que Morales anunció es solicitar a los jueces que se verifique científicamente cuándo un recluso debe ser trasladado a un hospital y también pedirá al Congreso la aprobación de un préstamo para construir una cárcel de máxima seguridad, informó Prensa Libre.
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En Guatemala existen alrededor de 22.600 personas privadas de libertad.
