"En Colombia ya hay cinco magistrados en la misma situación; todos ya tenemos sello en el pasaporte en condición de turista y no como refugiados ni asilados, como les ha tocado a otros", dijo al periódico Pedro José Troconis, uno de los 33 magistrados designados para integrar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 21 de julio.
El Gobierno de Nicolás Maduro desconoció el nombramiento de esa corte suprema paralela, realizado por la mayoría opositora en el Parlamento, y ordenó detener a los 33 magistrados por "usurpación de funciones".
Troconis contó a El Tiempo que cruzó la frontera con una maleta de mano y un morral y que en las dos semanas anteriores se mantuvo escondido en casas de amigos y familiares.
El TSJ en funciones fue nombrado en diciembre de 2015 en una sesión extraordinaria de la anterior legislatura en la que el oficialismo tenía mayoría, pero su investidura fue cuestionada por el Parlamento que asumió en enero de 2016, debido a que no se cumplieron los plazos y controles reglamentarios.
También la recién removida fiscal general Luisa Ortega impugnó el nombramiento de los magistrados del TSJ.
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Así pues, el Parlamento opositor decidió en julio desconocer al TSJ y nombrar un cuerpo paralelo, que no ha podido ejercer sus funciones.
