"La actual agenda legislativa se está despachando a toda prisa en el Congreso utilizando como escudo la cortina de humo de la actual crisis política y económica; si se aprueba, pondrá en peligro la vida y los derechos de millones de personas, en especial de las que sufren ya discriminación y marginación", subrayó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil, Jurema Werneck, en un comunicado.
La organización remarca que se están tramitando cambios que adelantan la edad en la que los menores pueden ser juzgados como adultos, "violando de manera flagrante" el derecho internacional de los derechos humanos, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que Brasil es Estado parte.
Otro de los "ataques" a los que se refiere la organización tiene que ver con la salud y los derechos sexuales y reproductivos, ya que se están debatiendo propuestas que eliminan la educación sexual de las escuelas, especialmente sobre identidad de género y orientación sexual.
"Esta prohibición menoscabará aún más los derechos de las personas gays, bisexuales, trans e intersexuales", lamenta la organización, que recuerda que el año pasado Brasil fue el país del mundo que registró un mayor número de muertes de personas transexuales.
El Congreso Nacional también podría derogar próximamente la Ley de Desarme, que facilitaría el porte de armas de fuego.
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Se trata de una "temeridad", asegura la organización teniendo en cuenta que en 2015 en Brasil se registraron 60.000 homicidios y que más del 70% de ellos se cometieron con armas de fuego.
En su opinión, se ponen los intereses económicos "por encima" de los derechos de los pueblos indígenas y tribales garantizados por la Constitución y el derecho internacional.
Además, también critican que algunas propuestas afectarán a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
Los cambios en la actual legislación antiterrorista contienen "definiciones imprecisas y muy generales" que podrían utilizarse arbitrariamente para procesar a cualquier persona que exprese sus opiniones públicamente o que se manifieste de manera pacífica en la calle.
La campaña se lanzó la mañana del 31 de julio con un acto frente al Congreso Nacional de Brasilia, en el que activistas con el rostro cubierto con las caretas del presidente del Senado, Eunício Oliveira, y de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, mostraron pancartas alusivas a cómo las reformas legislativas afectarían a los derechos humanos.
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Los dos son aliados del Gobierno: Oliveira pertenece al oficialista Partido del Movimiento Democrático de Brasil y Maia al Partido Demócratas.
Para que la denuncia siga adelante se necesita el visto bueno de la Cámara de Diputados, por lo que en las últimas semanas Temer y sus aliados se dedicaron a intentar sumar el máximo número de apoyos posible (se necesitan 342 del total de 512 votos del plenario de la Cámara para frenar el proceso y evitar que el presidente sea apartado).
En esas negociaciones es donde se están produciendo los cambios en políticas de derechos que apunta Amnistía Internacional y otras contrapartidas, por ejemplo en el terreno medioambiental.
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Organizaciones como Greenpeace y WWF también alertaron que Temer está concediendo desde hace tiempo medidas ansiadas por los representados ligados al sector agropecuario, como la desprotección de miles de kilómetros cuadrados de selva amazónica.
