"Instamos al gobierno a gestionar cualquier protesta contra la Asamblea Constituyente en línea con las normas y estándares internacionales de derechos humanos, y nos preocupa por lo tanto la prohibición de celebrar desde hoy hasta el 1 de agosto las manifestaciones que, según las autoridades, pueden perturbar las elecciones", declaró la portavoz de ACNUDH, Liz Throssell.
La portavoz también hizo "un llamamiento a los que se oponen a esas elecciones y a la Asamblea para que se manifiesten pacíficamente".
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El ministro de Interior venezolano, Néstor Reverol, anunció la víspera por televisión que del 28 al 31 de julio quedan prohibidas en Venezuela las reuniones y manifestaciones públicas, concentraciones de personas y cualquier otro acto similar que pueda perturbar o afectar el normal desarrollo del proceso electoral.
Las elecciones se llevarán a cabo pese a que la oposición se negó a postular sus candidatos por considerar que la constituyente fue convocada de manera ilegal, llamó a boicotear la votación e instó a la Fuerza Armada a desactivar el llamado Plan República.
La ola de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela causó desde abril más de un centenar de muertos y más de 1.400 heridos entre los que se encuentran opositores, oficialistas, funcionarios de seguridad y transeúntes.
