"La Relatoría Especial recuerda al Estado colombiano que tiene la obligación de prevenir, proteger, investigar y sancionar la violencia ejercida contra periodistas, y en particular de aquellos que hayan sido objeto de intimidación, amenazas u otro acto de violencia", señaló la oficina a través de un comunicado emitido en Washington.
Asimismo, se hizo eco de las denuncias que en días pasados realizó la periodista colombiana Claudia Gurisatti respecto de una campaña de hostigamiento a través de redes sociales que puede poner en riesgo su vida, así como las falsas denuncias del subsecretario del Senado colombiano, Saúl Cruz, contra periodistas de un noticiero local, a quienes acusó de agredirlo.
La Relatoría también destacó las recientes declaraciones del actual senador opositor y expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), quien acusó al periodista Daniel Samper Ospina de ser "violador de niños" por emplear a menores de edad en fotografías de desnudos para la revista Soho, que dirigía el comunicador.
Las acusaciones contra Samper Ospina fueron rechazadas por la Federación de Periodistas de Colombia, la Fundación para la Libertad de Prensa y en una carta pública firmada por reconocidos periodistas del país.
La situación de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en Colombia fue objeto de una audiencia pública en el marco del 163 periodo de sesiones de la CIDH, celebrado entre el 3 y 7 de julio pasados en Lima.
En el marco de ese encuentro, el organismo recibió denuncias de organizaciones sociales colombianas sobre la violencia que se ejerce contra los periodistas, entre las que se tipifican agresiones, secuestros, presiones indebidas, hostigamiento y declaraciones estigmatizantes.
