"Las labores de exploración y explotación que hacen las petroleras y las mineras han afectado durante décadas el suelo de varias regiones del país, por lo cual apelamos ahora a las consultas para decirle al Gobierno que debe mirar hacia otros tipos de economía", dijo Luis Ortiz, uno de los promotores de esta forma de participación social, en diálogo con Sputnik.
En lo que de este año, las poblaciones de Cumaral, Cabrera y Arbeláez (centro), así como Cajamarca y Pijao (centro-oeste) le han dicho "No" a la industria extractiva en sus suelos.
La próxima consulta se realizará el 6 de agosto en Pasca (centro) y restan 44 más aún por desarrollar, 20 de ellas en materia de hidrocarburos y las restantes referidas a minería.
"Nosotros no estamos en contra de la industria extractiva; la confrontación está entre proyectos destructivos y proyectos sostenibles", remarcó Ortiz, uno de los voceros del "No" en la consulta de Arbeláez, mediante la cual los pobladores rechazaron la exploración que preveían hacer en la región varias petroleras.
De acuerdo con el vocero, Colombia no cuenta con un mapa de aguas subterráneas, por lo que las exploraciones que se realicen en el subsuelo pueden afectar el caudal de los ríos y generar grietas geológicas, algunas de las cuales ya se presentaron en el pasado en varias poblaciones con presencia de industria extractiva.
Además: Colombia vio reducidas sus reservas de crudo en 337 millones de barriles al cierre de 2016
"El mayor argumento contra estas industrias es la presentación de fallas y grietas geológicas que han reportado los campesinos luego de que esas industrias, sobre todo las petroleras, han realizado explosiones para labores de sísmica", indicó Ortiz.
Estudios ambientales
De hecho, las cinco consultas populares realizadas en lo que va de este año se basaron en conclusiones de los propios estudios de las firmas extractivas, pero que los pobladores analizaron con la ayuda de diversas universidades de Bogotá, según explicaron a Sputnik otros voceros de las consultas que pidieron su anonimato.
"No hemos pagado ningún estudio de impacto ambiental, sino leído los que nos han dado las propias petroleras, en los cuales, con ayuda de la academia, hemos advertido graves errores y mentiras, ya que, por ejemplo, no señalan dónde, cómo y bajo qué métodos obtuvieron los caudales de agua", dijeron.
A su vez, cada una de las votaciones fue inspirando a otras comunidades a también consultar a sus ciudadanos sobre el avance de la industria extractiva.
Ante la "amenaza" que para los pobladores representa este tipo de industrias, varios comités por el "No" se han constituido ya de manera legal a fin de promocionar ese voto en las consultas por venir y así "proteger" sus territorios.
"Lo que hacen las consultas es blindar los municipios de proyectos de gran minería", dijo, por su parte, Mónica Flórez, promotora del "No" en la consulta en Pijao.
Flórez acusó al Gobierno de estigmatizar a las consultas al sugerir que son impulsadas por las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y defendió que se trata de mecanismos legales de participación y obedecen a una iniciativa de la propia población.
"Estas consultas son iniciativas de la sociedad civil y el resultado se ha logrado con un voto de opinión, no hay filiación a ningún partido político y se ha hecho desde la mirada de la sociedad civil, no desde la guerrilla", dijo.
Alternativas económicas
En cuanto a las alternativas económicas que adoptarán Pijao y las otras poblaciones en las cuales se impuso el "No" a la industria extractiva, Flórez señaló que el esquema de proyectos sostenibles prevé basarse en el turismo, la agricultura y la ganadería.
Sin embargo, tanto ella como Ortiz admitieron que se tratan de proyectos de riesgo que de todos modos necesitan el apoyo del Gobierno y que no han sido ensayados antes, por lo cual se desconoce si son viables para los municipios.
Por su parte, el Gobierno de Juan Manuel Santos advierte que, de seguir triunfando el "No" en las consultas, la economía del país se podría ver afectada aún más en medio del proceso de desaceleración, por lo cual no descarta aumentar impuestos si ocurre una desbandada de las industrias extractivas.
Ante esto, el analista y director del Centro de Análisis y Asuntos Públicos, Juan Fernando Londoño, consideró que la ausencia de diálogo entre las partes "ha dado pie a que algunos sectores lideren unas consultas que, en ocasiones, buscan dejar más una constancia de rebeldía ante el Gobierno que una verdadera voluntad de protección al medio ambiente".
Sin embargo, Londoño sostuvo que aumentar la tasa impositiva no es la solución, como tampoco lo es buscar limitar la participación popular mediante presiones.
"La alternativa no puede ser acabar con las consultas populares, sino transformarlas en procesos deliberativos que sean mucho más incluyentes con las comunidades y que garanticen que el sector extractivo va a hacer una labor más transparente", dijo a Sputnik.
Según la Contraloría de Colombia, los peores lugares para vivir en el país son los pueblos mineros, donde la pobreza promedio es de 74%, mayor aún que la registrada en las poblaciones petroleras (65%) y de aquellos que no realizan actividades extractivas, donde alcanza 43%.