"Los magistrados que acabamos de nombrar tienen todo nuestro apoyo, y ahora contamos también con la fiscal (Luisa Ortega) que nos ha dado la razón en el supuesto de que ella no firmó el acta de la designación de los magistrados que fueron elegidos de manera apresurada por los diputados salientes (de mayoría oficialista) en el 2015", dijo a Sputnik el diputado Carlos Berrizbeitia, presidente de la comisión especial de revisión de los magistrados del TSJ.
Berrizbeitia dijo que tras esta decisión se espera "violencia judicial" por parte de Moreno y del presidente Nicolás Maduro.
"Después de esta designación de los nuevos magistrados, lo que esperamos es cualquier cosa, pueden llevarse presos a los magistrados que nombramos hoy, a nosotros, los diputados, puede haber persecución política porque lamentablemente en este momento no hay ningún tipo de respeto al derecho judicial", alertó.
"Aquí los únicos ilegales son ellos que estaban actuando al margen de la ley, porque ellos en el 2015 durante su juramentación violentaron todas las normativas legales tanto de la Constitución como de la ley interna del parlamento", insistió.
El año pasado, el parlamento sostuvo en un informe que se debía dejar sin efecto la designación de los magistrados realizada en 2015, porque se llevó a cabo violando la ley orgánica del TSJ, que establece un plazo de 40 días para la designación.
Pero la lista de aspirantes se publicó 27 días antes de que finalizara la anterior legislatura, incumpliendo los plazos necesarios para la divulgación de los nombres, la presentación de impugnaciones, la preselección por parte del Poder Ciudadano, entre otros trámites.
La designación se realizó en dos sesiones extraordinarias con las que concluyó la legislatura en la que el oficialismo tenía mayoría.
"Creo que lo primero que van a hacer es ir al TSJ a presentar ante el presidente sus credenciales, pero igual ellos deberán dar una rueda de prensa para informar cuál será el siguiente paso que, por supuesto, va a contar con todo nuestro apoyo", resaltó.
La designación de los nuevos magistrados surge en medio de una polémica entre los miembros del Poder Ciudadano (Fiscalía General, Defensoría del Pueblo y Contraloría General) sobre la legalidad de los magistrados nombrados en 2015.
El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, y el contralor general Manuel Galindo pidieron someterse junto con la fiscal general Ortega a la prueba del polígrafo para determinar quién mentía sobre la participación de la jefa del Ministerio Público en una reunión en diciembre de 2015 para realizar la preselección de aspirantes al TSJ.
La fiscal, considerada cercana al fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y al proceso revolucionario que éste inició, se convirtió en una "traidora" para funcionarios del actual Gobierno, cuando sostuvo a fines de marzo que se había roto el orden democrático.
