"El año pasado se registraron 110 muertes", indicó en su estudio este organismo público de derechos humanos que funciona de manera autónoma.
En el 61% de los casos, sostuvo la CPM, los agentes implicados no estaban de servicio cuando se produjeron las muertes, aunque sí portaban su arma reglamentaria.
"Principalmente se trató de situaciones en las que supuestamente estaban en riesgo pertenencias individuales de los mismos agentes", explicó la Comisión.
El 70% de las víctimas tenía menos de 30 años, como fue el caso de un adolescente de 14 años que fue asesinado en el municipio de San Martín tras recibir 14 disparos.
En un contexto de violencia creciente, "hay que sumar las 12 muertes bajo custodia estatal" que tuvieron lugar en las comisarías de la provincia, observó el organismo.
"Estos números son la consecuencia de una política criminal basada en el control y la saturación territorial que asume a la violencia estatal como respuesta natural de la problemática del delito", añadió.
Para revertir esta situación, la Comisión aconsejó al Estado que constituya fiscalías especializadas para la investigación de casos de violencia institucional, y que cree la policía judicial y autonomía de la defensa.
La CPM, constituida a partir de una resolución de la Cámara de Diputados provincial, también espera que se la reconozca como mecanismo de control y monitoreo de la tortura en la provincia de Buenos Aires.
