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Misión de OEA en Honduras investigará hidroeléctrica que denunció asesinada Berta Cáceres

© AP Photo / Eduardo VerdugoFoto de Berta Cáceres en un altar levantado en su memoria
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MONTEVIDEO (Sputnik) — La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), creada por la OEA, anunció en rueda de prensa que investiga a la empresa Desarrollos Energéticos SA (Desa) responsable de un proyecto hidroeléctrico al que se opuso la líder indígena Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016.

La Maccih y el Ministerio Público están investigando "los delitos de abuso de autoridad, fraude y lavado de activos", dijo el portavoz de la entidad, Juan Jiménez Mayor en una rueda de prensa en Tegucigalpa, cubierta por el diario La Prensa.

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Según el grupo creado por la OEA (Organización de los Estados Americanos), Desa se constituyó como empresa con un capital equivalente a 1.000 dólares en mayo de 2009 y para febrero de 2014 lo había incrementado más de 15.000 veces.

Esto podría indicar la existencia "de lavado de activos", señaló Jiménez Mayor.

Otra irregularidad se observa en el hecho de que tras constituirse en mayo de 2009 con el minúsculo capital mencionado, apenas en noviembre participaba y ganaba una licitación millonaria del Estado para construir una hidroeléctrica en el oeste hondureño, conocida como Agua Zarca.

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La firma del contrato para la venta de energía al Estado y su aprobación en el Congreso se realizaron sin que existiera licencia ambiental, que solo fue otorgada tiempo después y sin consulta previa a las comunidades indígenas afectadas.

Posteriormente casi se duplicó la capacidad de generación eléctrica del proyecto sin que lo autorizara el Congreso, indicó Jiménez Mayor, reseñando las principales irregularidades que se están investigando.

La Maccih también recordó que los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, tenaz opositora del proyecto que afectaría las poblaciones indígenas de la zona, no han sido llevados a la justicia.

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A instancias de la OEA, la Maccih se instaló en Honduras en abril de 2016 como respuesta al pedido formulado por el presidente Juan Orlando Hernández para intentar aplacar las protestas masivas que habían comenzado en todo el país en mayo de 2015 luego que se descubriera el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social.

Tiene un mandato de cuatro años, lo que dura el convenio firmado entre la OEA y el Gobierno de Honduras, y su funcionamiento se financia con aportes de la comunidad internacional.

Cualquiera de las dos partes puede darle fin a la cooperación con un preaviso de 60 días.

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