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El Gobierno de Colombia desestima la propuesta de excluir a los militares de la justicia transicional

© AFP 2023 / Luis RobayoSoldado del Ejército de Colombia
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BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno de Colombia negó la posibilidad de que los militares que hayan incurrido en crímenes durante el conflicto armado puedan ser juzgados en un tribunal diferente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como propuso el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

"Es una propuesta a destiempo", ya que hay una norma constitucional en la que se señala "que la Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia sobre todos aquellos hechos relacionados con el conflicto armado", dijo el ministro del Interior, Guillermo Rivera, en declaraciones que publicó la emisora RCN Radio.

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Uribe se pronunció sobre un informe que la Corte Penal Internacional (CPI) entregó al Gobierno colombiano y que pone bajo la lupa a 23 generales y seis coroneles activos y retirados que comandaron unidades militares implicadas en 1.228 asesinatos extrajudiciales, conocidos en el país como "falsos positivos".

Tales asesinatos fueron cometidos justamente durante el Gobierno de Uribe y con ellos los militares buscaban hacerse con prebendas y beneficios mientras hacían pasar a civiles inocentes secuestrados y asesinados como guerrilleros muertos en combate.

Uribe propuso sacar a los militares y policías de la JEP y crear una sala temporal en la Corte Suprema de Justicia que se encargue de examinar las acusaciones contra ellos por delitos cometidos con ocasión del conflicto.

"Ni Corte Penal ni Justicia de FARC para los soldados y policías de las Fuerzas Armadas de la democracia", escribió Uribe en Twitter y acompañó el mensaje con un vídeo en el que manifestó su propuesta.

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El informe de la CPI pone bajo la lupa a 23 generales y seis coroneles activos y retirados que comandaron unidades militares implicadas en 1.228 "falsos positivos", y plantea que si la justicia ordinaria y la JEP no son suficientes para juzgarlos, sus procesos podrían ser tratados en ese tribunal internacional.

Los tribunales colombianos han condenado a más de 800 miembros del ejército por ejecuciones extrajudiciales, en su mayoría soldados y suboficiales, pero no se han llevado a cabo investigaciones exhaustivas sobre los altos mandos militares responsables de esos crímenes.

Al contrario, las autoridades han ascendido de rango a militares presuntamente implicados en "falsos positivos".

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