Defensores de derechos humanos denuncian nuevas amenazas de muerte en Colombia

BOGOTÁ (Sputnik) — Representantes de la Mesa Nacional de Víctimas del conflicto armado colombiano denunciaron ante el Gobierno central una serie de amenazas de muerte en su contra por parte de estructuras paramilitares.

"La última amenaza la recibimos hace quince días por parte de las Águilas Negras (disidencia del paramilitarismo) y en ella nos decían a las víctimas y a los defensores de derechos humanos que sabían lo que hacíamos y dónde estábamos", dijo a Sputnik la integrante de la secretaría técnica de la Mesa, Virgelina Chará.

De acuerdo con la líder social, las amenazas se presentan en todo el territorio colombiano y han llegado ya a 1.082 municipios en los cuales tiene representación la Mesa Nacional de Víctimas, que agrupa a unas 3.700 personas de diferentes movimientos sociales.

La denuncia fue realizada por Chará y miembros de esa colectividad en el marco de una rueda de prensa celebrada en Bogotá, a la cual asistió el ministro del Interior de Colombia, Guillermo Rivera, quien anunció la creación de un "cuerpo élite de protección para los defensores de derechos humanos".

Asimismo, aseguró que el Gobierno adelanta "planes piloto de persecución a estructuras del crimen organizado" de manera prioritaria en los municipios de Tumaco (suroeste) y Buenaventura (oeste), donde las amenazas y muertes a líderes sociales se ha intensificado en lo que va de año.

Respecto a las recientes amenazas en contra de los integrantes de la Mesa, Rivera se comprometió a darles "protección política", de manera que el Gobierno reconozca públicamente la labor que realizan en defensa de los derechos humanos y el análisis del cumplimiento de las políticas públicas a favor de las víctimas del conflicto.

"Para nosotros es más importante que el Gobierno nos dé un apoyo político y reconozca públicamente nuestra labor social a que nos ponga en más riesgo de muerte con escoltas y vehículos blindados", dijo Chará a esta agencia.

Asimismo agregó que pese al compromiso asumido por Rivera, el Gobierno central no hace visible la ola de asesinatos a líderes sociales y en cambio busca encubrir la situación "mostrando el desarme de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)" ante países y organismos internacionales.

Durante 2016 un total de 61 defensores de derechos humanos fueron asesinados en el país, mientras que más de 20 han sido registrados en lo que va de 2017.