La delegación argentina está integrada por los jueces Daniel Rafecas, Sebastián Casanello, Sebastián Ramos y Marcelo Martínez de Giorgi y por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, este último procurador de Investigaciones Administrativas.
La finalidad del viaje es "intercambiar información con relación a causas en trámite sobre dichas materias en las respectivas jurisdicciones vinculadas al caso denominado Odebrecht, entre otras", de acuerdo a un fallo de la Corte Suprema que autorizó el viaje.
El equipo se reunirá estos días con fiscales de la Unidad FCPA (Foreing Corrupt Practices Act), dependiente del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que investigan temas de corrupción y soborno en el extranjero, con quienes firmarían un acuerdo de confidencialidad.
El ministro argentino de Justicia, Germán Garavano, se encontró el pasado 5 de junio en Washington con el fiscal general estadounidense, Jeff Sessions, para pedir la colaboración de Estados Unidos sobre los presuntos sobornos que habría cometido Odebrecht en Argentina.
Confesiones
A finales del año pasado, Odebrecht se acogió al régimen de delación premiada y llegó a un acuerdo con los gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Suiza por el que se comprometió a pagar una multa a cambio de confesar los actos ilícitos cometidos a través de una red de sobornos, en los que se ven involucrados varios países de América Latina.
En abril, una corte federal de Nueva York acordó con la compañía el pago de 2.600 millones de dólares, de los cuales Estados Unidos y Suiza recibirán el 10% cada uno, y el restante 80% ira destinado a Brasil.
En Argentina, el Senado discute en la actualidad una ley de responsabilidad penal empresaria ya aprobada en la Cámara de Diputados que permitiría avanzar sobre el entramado de corrupción que creó la empresa en Argentina.