"El fiscal pidió la indagatoria de Gils Carbó ante el juez federal Julián Ercolini", informaron a Sputnik fuentes judiciales.
La procuradora fue imputada por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, cohecho y tráfico de influencias por la compra de un edificio en la ciudad de Buenos Aires que costó 43,8 millones de pesos (unos 8,6 millones de dólares por entonces).
"El conjunto de la prueba recibida en la instrucción (…) ha permitido también descartar cualquier vínculo de mi asistida con los hechos del caso", alegó la defensa de la jefa de los fiscales al pedir su sobreseimiento.
El Gobierno argentino intentará remover a la procuradora por decreto, adelantó el diputado oficialista Pablo Tonelli.
"Así como está previsto que los jueces sean removidos mediante un procedimiento de enjuiciamiento, en el caso del procurador, eso no está previsto, de modo que la remoción puede ser procedente por otra vía", señaló en declaraciones a Radio Blue.
"El asedio no es a mi persona, sino a la institución", sostuvo Gils Carbó.
El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat presentó este martes una acción de amparo ante la justicia en lo contencioso administrativo para pedir "el cese de toda amenaza, manifiestamente ilegal y arbitraria, emanadas del Poder Ejecutivo y funcionarios dependientes del mismo, de producir un desplazamiento de la actual titular del Ministerio Público Fiscal".
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La titular del Ministerio Público Fiscal solo puede ser destituida a través de un juicio político impulsado por el Congreso, según la Ley del Ministerio Público.
