"De Vido fue procesado por irregularidades en el subsidio al gasoil (diésel)", informaron a Sputnik fuentes judiciales.
El magistrado embargó asimismo al actual diputado por 1.000 millones de pesos (59 millones de dólares).
Bonadio procesó también a los exministros de Transporte del Gobierno anterior, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y Alejandro Ramos, y a los exdirectores de la Comisión Nacional de Regulación de Transportes, Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Eduardo Sícaro.
Los exfuncionarios fueron acusados de haber causado un perjuicio al Estado de casi 610 millones de pesos (36 millones de dólares) en la entrega de subsidios que realizó la Secretaría de Transporte mientras dependió del Ministerio de Planificación.
Para dictar los procesamientos, el juez se basó en las declaraciones juradas que presentaron las líneas de transporte, en la que figuraban cuántos kilómetros recorría cada unidad y cuántos pasajeros transportaba cada autobús.
El magistrado concluyó que las compañías de transporte declaraban más kilómetros recorridos que los reales para cobrar más subsidios por el combustible consumido.
"Durante el período comprendido entre julio de 2003 y marzo de 2014, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, los nombrados participaron en una maniobra ilegal a través de la cual se entregaron sistemáticamente, a empresas de transporte público automotor de pasajeros, subsidios superiores a los que correspondían", sostuvo el juez en su resolución.
"Este sistema posibilitaba que se calcularan los subsidios en base a kilometrajes superiores a los efectivamente recorridos por los colectivos y, consecuentemente, se terminaran entregando subsidios superiores a los correspondientes", añade la resolución.
Esas maniobras pudieron realizarse hasta que en 2014 se instaló el GPS en los autobuses, según Bonadio.
Por otra parte, el fiscal federal Carlos Stornelli pidió el pasado martes la retirada de los fueros parlamentarios y el arresto de De Vido en una expediente que indaga sobre el supuesto desvío de fondos destinados a un proyecto minero en río Turbio, en la provincia de Santa Cruz (sur).
El diputado está procesado e irá a juicio oral en otra causa que investiga una tragedia ferroviaria que tuvo lugar en febrero de 2012, cuando un tren se estrelló contra la barra de contención de uno de los andenes de la estación Once, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y murieron 52 personas.
